Las licitaciones de obra pública en Extremadura ascendieron el año pasado a 307,9 millones de euros. De ellos, 148,7 millones corresponden a proyectos realizados en la provincia de Cáceres, otros 258,9 a los desarrollados en la de Badajoz, y los 37 millones restantes a obras que afectan a ambas, de acuerdo a los datos facilitados por la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción de Cáceres (Fecons).

Aparentemente la cifra es buena, porque aunque se mantiene aún muy por debajo del máximo histórico (es un 73,7% menor que los 1.171,2 millones de euros del 2009), representa un 33,1% de incremento respecto a la del 2017. No obstante, precisa Joaquín Sánchez Chamorro, secretario general de Fecons, este incremento ha venido motivado fundamentalmente por la nueva ley que obliga a dar más publicidad a los procesos de contratación pública, aunque no sean muy cuantiosos. «Por lo que me transmiten los afiliados se ha licitado bastante menos, aunque en los datos aparezca que se ha hecho más, porque ahora hay una obligación de transparencia y de publicar la práctica totalidad de las licitaciones, cosa que antes no sucedía», aclara.

Esta patronal de la construcción elabora sus estadísticas a partir de la información que es publicada en los boletines oficiales del Estado, comunidad autónoma y las dos provincias, además de en la plataforma de contratación. Ahora, en esta última, «hay obligación de publicarlo todo», lo que «distorsiona» la comparación con anteriores ejercicios, sostiene.

La influencia que ha tenido la nueva normativa es algo que parece confirmar el desagregado de la licitación total por administraciones, ya que en el caso de los ayuntamientos y las diputaciones, donde la proporción de pequeñas obras es mayor, se aprecian incrementos más que importantes. Para el conjunto de consistorios extremeños, el montante se multiplica casi por seis, de algo más de 13 millones de euros en el 2017 a 76,7 millones el año pasado, mientras que para las diputaciones provinciales la subida es también muy significativo, de 28 millones de euros a 48,4 millones.

En cuanto al Estado, fueron 226,9 millones de euros licitados, frente a los 52 millones recogidos en el 2017. De nuevo aquí, Sánchez hace una puntualización: «Con el AVE ha habido una serie de obras que se habían licitado ya, pero que las suspendieron y que se volvieron a licitar [en el 2018]». Es lo que sucedió con las de la plataforma del denominado ‘bypass’ de Mérida, dividido en dos tramos: San Rafael-Cuarto de la Jara y Cuarto de la Jara-Arroyo de la Albuera, que son, precisamente, los dos proyectos con un mayor importe entre todos los publicados en el 2018 por el Ministerio de Fomento en la provincia de Badajoz, con 37,7 y 34,7 millones de euros, respectivamente. En tercer lugar aparecen los 18,2 millones destinados a la renovación del tramo Guadalmez-Cabeza del Buey, perteneciente a la línea de ancho convencional Ciudad Real-Badajoz.

Dentro de la provincia de Cáceres, a la cabeza figuran también dos obras del AVE. Son el tramo Casatejada-Toril, de 9,3 kilómetros dentro del trayecto Talayuela-Cáceres, con un importe de licitación de 42,4 millones de euros, y el montaje de vía entre Plasencia y Cáceres, con 22 millones.

La licitación de la Junta fue la que experimentó un peor comportamiento en el 2018, con una caída del 35,5% (de 140 a 90,3 millones), a causa fundamentalmente del descenso en la Consejería de Economía e Infraestructuras (de 86,5 a 15,5 millones).

«En lo que es obra pública», el sector de la construcción «no remonta», resalta este responsable de Fecons, al tiempo que agrega que este prolongado descenso en las licitaciones ha coincidido además con la modificación del sistema de clasificación introducida por el Real Decreto 773/2015, que ha quedado «desamparadas» a las medianas empresas, «que son las que hay aquí. Con el nuevo sistema, todas ellas han perdido la clasificación máxima, de tal manera que a los contratos importantes no pueden acceder. Solo pueden hacerlo las grandes empresas de Seopan [la asociación de constructoras de ámbito nacional]». Y si bien hay «algunas» que sí tienen oficina en la región, «las empresas puramente extremeñas se han quedado fuera de las grandes licitaciones».