La previsión de crecimiento del PIB Regional de 2019 se estima en el 2%. Sin embargo, no se prevé que la región cumpla los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública fijados por el Gobierno para este año. El déficit público, a pesar de bajar desde el 4,6% del PIB en 2011 hasta el 1,4% del pasado mes de julio, con previsión de terminar el año en el 0,6%, está lejos del objetivo de déficit para 2019 del 0,10%, lo que supone un retroceso en nuestro proceso de consolidación fiscal. Por otro lado, la deuda no se ha comportado mejor, antes de la crisis era del 4,5% del PIB, incluso por debajo del conjunto de las comunidades autónomas, con un 5%, para situarse en el segundo trimestre de 2019 en el 25,3%, lejos del objetivo del 22,1%.

¿Por qué el crecimiento de la economía regional genera desequilibrio en las cuentas públicas y aumento de deuda? La política monetaria laxa del BCE, con su compra masiva de deuda de los Estados, favoreció unos tipos de interés bajos en los mercados de deuda (desde el inicio del año la prima de riego ha bajado hasta situarse por debajo de los 70 puntos en octubre). Esto permite a la región endeudarse a un menor coste y guiarse por un criterio electoral, y no económico, para aumentar deuda y gasto con el coste de oportunidad de penalizar el consumo presente, ya que el consumidor ahorra en vista a una subida futura de impuestos (de enero a agosto las ventas minoristas registraron una tasa del 0% respecto al mismo período de 2018), y presionar al alza el coste de financiación futuro que provocará, de nuevo, más gasto público por el pago de intereses y que acabará afectando a empresas y a la creación de empleo.

Si analizamos el presupuesto regional de gastos, los pagos de personal, amortización e intereses de deuda y préstamos son casi el 45% del presupuesto. Este alto porcentaje indica que la producción de servicios públicos es muy intensiva en mano de obra y que la deuda financia, en gran parte, el déficit estructural tendencial (la estructura económica de la región no afectada por el ciclo) en lugar de actividades productivas. Todo ello provoca que la correlación entre política fiscal expansiva y crecimiento no logre la causalidad deseada sobre este último sino que mantenga la actual estructura de gastos, de ahí, que a pesar de crecer, presentemos un desequilibrio en las cuentas públicas.

La amenaza de recesión, el deterioro del saldo comercial exterior por la guerra comercial y la incertidumbre de un ‘brexit’ duro hace necesario el equilibrio presupuestario y la contención de deuda para que la economía regional genere expectativas de economía ordenada con perspectiva de crecimiento para atraer inversiones. Para lograr este objetivo, primero, se debería aumentar la presión fiscal, la inflación que generaría el aumento de los impuestos con fines recaudatorios no afectaría a la competitividad de los bienes de la región en el exterior por presentar una inflación del -0,4% en septiembre. Segundo, reducir el gasto en inversión pública buscando que sea el gobierno central quién realice estos estímulos, como hemos visto en el caso de la cesión de la EX-100 al gobierno central para que construya la autovía A-58 entre Cáceres-Badajoz. Por último, eliminar el gasto público no productivo como, por ejemplo, los programas de formación ficticios.

En conclusión, el objetivo de la política económica regional debe ser la estabilización y reducción de la deuda pública, de forma que se garantice el equilibrio futuro de las cuentas públicas y el crecimiento de la Región. Una ralentización de la economía provocaría un aumento del gasto, por la actuación de los estabilizadores automáticos, con el aumento de las prestaciones por desempleo, y menores ingresos, por la menor actividad económica, por lo que si la región quiere evitar la recesión, las medidas para suavizar el ciclo económico serían la puesta en marcha de medidas fiscales discrecionales que, sumado al efecto de los estabilizadores, implicaría un aumento del endeudamiento y del déficit, situación posible solo para aquellas economías con margen fiscal y cuentas públicas en equilibrio.

*Economista