El sector pesquero se manifestó ayer en Mérida para visibilizar su malestar tras la sentencia del Tribunal Supremo por la que se incluye en el catálogo de especies invasoras a la carpa común, la trucha arco iris y el lucio. Más de un millar de personas procedentes de la región y de otros puntos de la geografía española secundaron esta convocatoria organizada por la Plataforma en Defensa de la Pesca para reclamar una solución al problema.
"Queremos transmitir a la opinión pública en general que no es un problema de los pescadores, sino que es un problema social, de puestos de trabajos, de despidos y de dejar de facturar miles de millones de euros por un capricho", apuntó Carlos Bueno, uno de los coordinadores de la plataforma. En declaraciones a los medios, Bueno reconoció que en la actualidad hay un Gobierno en una situación "transitoria" y que "no tiene capacidad para tomar una serie de determinaciones importantes". Por ello, demandó a todos los partidos políticos que apoyen la solución que plantee el ministerio porque "se trata un problema social muy grave que hay que atajar lo más rápido posible".
Por su parte, representantes de los dos principales partidos políticos en la región, el PSOE y el PP, acudieron a la movilización para apoyar al sector. En este sentido, el diputado del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Carlos Labrador, felicitó a la plataforma convocante y al colectivo de los pescadores por esta "reivindicación legítima", y señaló que se trata de "un verdadero problema social y económico" para Extremadura y para el país. En la misma línea se pronunció el diputado del Grupo Popular José Antonio Echávarri, que quiso trasladar el "apoyo total" de su grupo a la pesca, ya que se trata de una actividad económica que "deja una gran cantidad de dinero en Extremadura", deportiva, de ocio y de respeto al medio ambiente.
La sentencia del Tribunal Supremo que ha llevado a esta situación estima parte del recurso presentado por tres grupos conservacionistas --Ecologistas en Acción, la Sociedad Española de Ornitología y la asociación AEMS Ríos con Vida-- y prohibe además la captura y comercialización del cangrejo rojo. Además, anula las excepciones que permitían la pesca de algunas especies.
