La ley de dependencia avanza pero a cuentagotas. Sólo un millar de extremeños dependientes se han incorporado al sistema en el último año y más de 12.000 con el derecho ya reconocido aún esperan para recibir sus ayudas. Así lo reflejan los datos publicados en el Portal de Dependencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que indican además que pese a los enormes retrasos en la aplicación de la ley, el número de solicitudes en la región no para de crecer. La situación más acuciante la sufren los dependientes leves, que cinco años después siguen esperando a que culminen los procesos de valoración para empezar a recibir sus prestaciones.
"A este ritmo se necesitarían 12 años para cerrar la lista de espera", explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que, no obstante, reconoce los "esfuerzos" del Gobierno extremeño en este ámbito frente a los recortes aplicados a nivel estatal. Según los datos facilitados por el ministerio, en mayo del 2016 el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) reconocía 35.557 dependientes con derecho a las prestaciones reguladas en la ley, pero de estos solo 22.802 las están recibiendo en estos momentos. En julio del 2015 eran 21.741, lo que indica que en el primer año de legislatura 1.061 extremeños han entrado de forma efectiva en el sistema de la dependencia.
En este mismo periodo se han recibido 3.369 nuevas solicitudes y de ellas los equipos del Sepad han resuelto 1.290, el 38%. "Creo que un millar de nuevos dependientes con prestaciones es un dato malo, pero se debe no solo a la gestión de la Junta de Extremadura y responsabilizamos absolutamente al quebranto económico del Gobierno de Mariano Rajoy", indica José Manuel Ramírez, que recuerda que solo durante la pasada legislatura Extremadura ha dejado de recibir 53 millones de euros del Estado para financiar la ley de dependencia. De hecho, según datos de la asociación, en estos momentos la región aporta el 73% de los fondos totales frente al 27% del Gobierno central, cuando el coste debería asumirse a partes iguales.
DEPENDIENTES LEVES Sin duda, los grandes damnificados por los ajustes son los dependientes leves, 12.006 reconocidos en estos momentos en Extremadura, que han visto cómo año tras año se ha ido retrasando su entrada en el sistema. Para cubrir primero las necesidades de las personas con mayores problemas, la ley de dependencia empezó a aplicarse de forma gradual, distinguiendo a los beneficiarios en tres categorías: grandes dependientes, dependientes severos y dependientes moderados. El primer grupo entró en el sistema entre 2006 y 2007, el segundo entre 2008 y 2009 y el tercero debía hacerlo entre 2011 y 2013.
Pero lejos de la realidad, el colapso por el gran número de solicitudes recibidas y el elevado coste de la ley ha impedido a la administración resolver los expedientes en los plazos establecidos, de forma que su aplicación siempre ha ido con retraso, hasta llegar a su casi completa paralización en 2011. A esto hay que sumar que en el 2013, debido a los objetivos de déficit, el Gobierno estableció mediante el Real Decreto Ley 20/2012 la exclusión de los dependientes moderados del sistema otros dos años más, hasta el 2015. Los afectados por el parón deberían haber empezado a recibir atención entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2015, pero según el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, su departamento se encontró tras el cambio de gobierno con "limitaciones muy importantes" para culminar la integración.
Son más de 12.000 dependientes y aunque ya están valorados y reconocidos, para determinar la prestación que les corresponde el Sepad tiene que elaborar su Plan Individualizado de Atención (PIA). Para ello, las plantillas de los equipos evaluadores se han incrementado con 14 trabajadores más. En diciembre, Vergeles pronosticó que el proceso podría estar culminado "en unos meses", pero lo cierto es que a día de hoy los datos oficiales no reflejan grandes avances.
