Más de 5.000 alumnos de la Universidad de Extremadura (Uex) cotizarán a la Seguridad Social a partir del próximo curso, el 2019-2020, cuando realicen sus prácticas no remuneradas. Hasta ahora únicamente tenían la obligación de estar dados de alta en la Seguridad Social aquellos becarios que recibían remuneración, si bien en el caso de las prácticas curriculares la cuota la costeaba la propia Seguridad Social. Sin embargo, el Gobierno aprobó el pasado 28 de diciembre un decreto ley que obliga a inscribir a todos estos estudiantes.
Según una estimación facilitada por la Uex, la nueva norma afectaría a entre 5.000 y 6.000 de sus alumnos, que es el promedio de los que cada curso realizan prácticas no remuneradas, tanto curriculares (las que forman parte de los planes de estudios como una asignatura más) como extracurriculares.
El decreto también atañe a los estudiantes de Formación Profesional, donde son obligatorias para obtener el título, si bien desde la Consejería de Educación no se ha atendido la petición de este diario para que facilitase el número de quienes anualmente las cursan.
En un primer momento, desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) se lamentó la «forma sorpresiva y sin consulta previa» en la que se había dado luz verde a la normativa, al tiempo que se mostró una «gran preocupación» por el impacto que esta podía tener. Entre otros aspectos, por quién debería hacerse cargo de las cotizaciones correspondientes.
En este sentido, fuentes del Ministerio de Trabajo inciden en que el decreto está todavía pendiente del reglamento que lo desarrolle, algo que se hará en los próximos meses tras un periodo de negociación con todos los actores implicados. La intención es, aseguran, poder aplicar la normativa ya el próximo curso.
Aunque desde este departamento se insiste en que de momento «todo está en el aire», aclaran que en principio la idea es que la cotización, de unos cincuenta euros al mes, corra a cargo de las empresas en las que se desarrollen las prácticas. También en que se buscará que la aplicación de la medida se haga de forma «progresiva y no lesiva». «Nadie quiere que deje de haber prácticas», se esgrime, sino que lo que se busca es dignificar la primera aproximación de muchos jóvenes al mundo laboral
Ana Isabel González, secretaría de Cooperación y Empleo de CCOO de Extremadura, coincide en que con esta obligatoriedad de cotización se contribuye a que los jóvenes puedan incorporarse al mercado laboral «en unas mínimas condiciones de dignidad» y considera que los 50 euros mensuales que habría que abonar suponen «un esfuerzo muy pequeño para todo lo que se puede conseguir» a cambio de ellos, que es «incrementar los ingresos a la Seguridad Social y garantizar una mínima protección a las personas que están desempeñando estas labores, porque cotizarían por las contingencias comunes y las profesionales».
Como efecto añadido, cree que ponerle un ‘precio’ a estas prácticas puede ayudar a que haya «un mayor esmero por parte del ámbito empresarial en cuanto a su calidad», porque «lo que no cuesta, no se valora igual».
Además, esta responsable de CCOO sostiene que, aunque no se trate propiamente de una relación laboral, quienes realizan prácticas desarrollan «una serie de tareas» que aportan valor a la actividad empresarial. Recalca, eso sí, que siempre tienen que ir «asociadas a un programa formativo», por lo que «de ninguna manera estas personas puede ser autónomas durante su desarrollo ni pueden estar sustituyendo, por ejemplo, a un trabajador que esté de baja o de vacaciones». En este sentido, critica que la crisis haya «favorecido que se den una serie de comportamientos poco deseables en el ámbito laboral. Nos preocupa que se puedan estar sustituyendo empleos ‘ordinarios’ por estudiantes sin derechos», apostilla.
LOS EFECTOS NEGATIVOS
Desde la patronal extremeña se incide, por contra, en los efectos negativos que puede tener esta medida. «Creo que es un error, lo que va a hacer es desincentivar las prácticas en empresas», resume Francisco Javier Peinado, secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex). «Si ya de por sí hay problemas para conseguir que haya empresas dispuestas a acoger a personas en prácticas, esto lo va a dificultar aun más», aventura.
Peinado admite que con frecuencia el periodo de prácticas en una empresa es una buena vía para acabar incorporándose a ella, pero argumenta que inicialmente un becario «no aporta ningún valor añadido» que justifique que la entidad tenga que asumir este coste. Es más, subraya que esta formación supone para la empresa un coste en sí misma, tanto en recursos materiales — «ya sea en una oficina, un comercio, o un taller mecánico, hay que prepararle un puesto de trabajo», indica a modo de ejemplo—, como de tiempo, ya que quien «ejerce de tutor en el centro de trabajo tiene una dedicación, un carga añadida a la suya».
A su juicio se trata de una medida que «no está evaluada debidamente» y que de aplicarse va a lastrar tanto la productividad como la competitividad de las empresas. Tampoco cree que su impacto recaudatorio vaya a servir para paliar de forma alguna los problemas de liquidez de la Tesorería de la Seguridad Social. «Nos parece que es matar moscas a cañonazos», afirma.
Y si tiene que haber cotización, «solo vemos una fórmula: que sean los organismos estatales o privados que realmente ofertan esta formación los que interioricen este coste». Otra cosa es, apostilla, «si la administración cuenta con capacidad para asumirlo o si las universidades tendrían que subir la cuantía de sus matrículas».
