Los 500 docentes de Religión --el 80% es seglar-- que trabajan en Extremadura reclaman mejoras en sus condiciones laborales y un marco legal que les de estabilidad ante la "marginación que vive este colectivo". Las reivindicaciones las apoyan la iglesia y los sindicatos, según manifestó ayer el presidente regional del sindicato CSI-CSIF, José Fernández Vidal, que denunció la precariedad laboral que sufren estos profesores e instó a la Junta a negociar un borrador sobre sus condiciones de trabajo antes de que comience el curso.

Fernández Vidal explicó que entre las diferencias de estos docentes respecto al resto figuran las reducciones horarias a las que se someten sus clases, las restricciones económicas que se les impone y la marginación que sufren en sus centros de trabajo, donde "ni siquiera pueden participar" en la toma de decisiones.

Estas demandas, señaló, las conoce la Junta, pero no ha hecho nada para intentar buscar una solución. Fernández Vidal explicó que cuando la Administración regional asumió las competencias educativas el año 2000, el sindicato inició contactos con la Consejería de Educación para intentar solucionar estas condiciones laborales, pero "como la situación no se arreglaba acudimos a los tribunales", donde hasta el 2002 los docentes impusieron numerosas demandas.

Sin embargo, apuntó que estas denuncias fueron retiradas cuando la Dirección General de Personal Docente lo pidió para propiciar un diálogo más fructífero; las retiraron, pero "ya estamos en junio de 2004 y 500 trabajadores que son personal laboral docente siguen sin un marco legal con el que poder defender sus derechos". Es el único colectivo de trabajadores de la Junta, manifestó, que no dispone de convenio y la única región que contrata a estos docentes diez días después que el resto.

Este sindicato remitió en abril un escrito al presidente de la Junta denunciando la situación y pidiendo la creación de una mesa técnica que aborde estas cuestiones antes del curso.