Tras la presentación del Expediente de Regulación de Empleo a los trabajadores y la Administración regional, la legislación laboral establece un periodo de consultas durante un mes --en el caso de empresas con una plantilla superior a los 50 trabajadores-- en la que las partes están obligadas a negociar "de buena fe" medidas para intentar reducir o evitar los efectos el ERE y posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial.
El arbitraje es una opción dentro de este procedimiento para intentar alcanzar un acuerdo con una persona ajena a las partes. No es obligatorio y las dos partes deben estar de acuerdo.
