La mitad de los auxiliares de ayuda a domicilio que ejercían en la región sin titulación cuentan ya con la habilitación profesional que será obligatoria a partir del año 2022. Según datos de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, 1.300 trabajadores han solicitado la acreditación, pero el departamento que dirige José María Vergeles calcula que aún hay más de 1.100 auxiliares que ejercen sin ella. En total, este sector emplea en la región a unas 5.000 personas.
El Sepad mantiene abierto el plazo para pedir la habilitación en las categorías profesionales de Auxiliar de Ayuda a Domicilio y Gerocultor o Cuidador de Centros y Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que puede obtenerse por dos vías.
La primera de ellas, el proceso excepcional, para quienes puedan acreditar al menos tres años de experiencia y un mínimo de 2.000 horas trabajadas (o en su defecto 300 horas de formación) hasta el 31 de diciembre de 2017. La segunda es el proceso provisional, para quienes a la misma fecha puedan acreditar que han trabajado en el sector pero sin poder aportar formación o experiencia. Los interesados deben dirigirse a la Consejería de Sanidad y presentar allí sus solicitudes.
EXIGENCIA DEL GOBIERNO / La obligación de que los auxiliares de ayuda a domicilio estén acreditados parte también del Gobierno central, que hace ya tres años dictó como requisito obligatorio para trabajar en este campo contar con un certificado de profesionalidad. No obstante, la trasposición de esta normativa para su aplicación en las comunidades autónomas ha ido sufriendo diferentes prórrogas, la última en enero de 2018, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2022. Para poder seguir trabajando en el sector a partir de esa fecha, a los auxiliares que no tengan certificado de profesionalidad, la Junta les permite acreditar la experiencia acumulada mediante las dos vías ya citadas.
La ayuda a domicilio es uno de los servicios más demandados por las personas dependientes y los mayores para atender las tareas de la vida diaria. Forma parte del catálogo de servicios que ofrece la Ley de Dependencia y también se contempla como una «prestación garantizada» en la Ley de Servicios Sociales de Extremadura, por lo que la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales firma convenios con diversos municipios para su mantenimiento. No obstante, en los últimos años también han surgido en la región empresas que prestan este servicio desde el ámbito privado. El año pasado eran 190 las que contaban con acreditación.
Pese a que la ayuda a domicilio cuenta con un alto grado de implantación en la región, aún no existe una normativa específica que aglutine criterios y marque las pautas generales a seguir, algo a lo que el Ejecutivo quiere poner remedio con un nuevo decreto que profesionalice el servicio. Los trámites para ello ya se han iniciado con la publicación de un borrador que ahora se encuentra en fase de exposición pública.
El texto define el servicio, establece los derechos y obligaciones de los beneficiarios, fija los requisitos básicos para la autorización y acreditación y pretende mejorar la coordinación entre las Administraciones que lo prestan. Su objetivo final es «incrementar la calidad», detalla la Consejería de Sanidad.
