El Gobierno regional ha aprobado introducir cambios en la nueva convocatoria del Plan de Empleo Social, prevista para junio, con el fin de favorecer la contratación de personas. Esta iniciativa, así como otras de carácter medioambiental, de comercio y científico, fueron aprobadas ayer en el seno del Consejo de Gobierno, de cuyos asuntos tratados informó en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Isabel Gil Rosiña.

En concreto, el Gobierno regional ha aprobado introducir cambios en la nueva convocatoria del Plan de Empleo Social, prevista para junio, con el fin de favorecer la contratación de personas en situación de exclusión por parte de empresas de economía social, pymes y ayuntamientos. El objetivo marcado con estas modificaciones es que en la nueva convocatoria se alcancen entre 1.700 y 2.000 contrataciones en la modalidad I del citado Plan (municipios y entidades locales) y alrededor de 600 en la modalidad II (entidades privadas sin ánimo de lucro, empresas de economía social y pymes).

Según Gil Rosiña, el tiempo transcurrido desde la puesta en marcha del Plan de Empleo Social "aconseja modificar algunos aspectos" de las medidas contempladas para favorecer la contratación de personas en situación de exclusión.

Por lo que se refiere a la Modalidad II, cuya primera convocatoria ha permitido realizar 178 contratos, se contempla la eliminación tanto de trámites burocráticos para aquellas empresas que quieran acogerse a este programa como el límite de 10 contrataciones máximas por empresa. De hecho, la Junta ha observado que de los 4,8 millones de euros contemplados para esta actuación, solo se han gastado cerca de 1.100.000 euros, lo que pone manifiesto que habían trabas o no resultaba atractivo con lo establecido inicialmente en el decreto.

Asimismo, y en lo que se refiere a la Modalidad I, cuya primera fase ha facilitado la contratación de 1.700 personas, las modificaciones introducidas permitirán "definir de forma más precisa los requisitos" de las personas beneficiarias.

Se trata también, según dijo Gil Rosiña, de evitar la generación de desigualdades, pues se ha excluido a personas por el hecho de tener una pequeña ayuda o prestación.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha expresado su conformidad respecto a la tramitación de una propuesta de ley, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos, para la modificación de la Ley de Ciencia, Tecnología Innovación de Extremadura. A este respecto, la portavoz ha precisado que, si bien se da luz verde a la tramitación, el Ejecutivo no comparte vincular parte del presupuesto de esta ley al PIB, tal como exige Podemos.