En el ámbito rural, la escasez de servicios de proximidad no contribuye a favorecer la posición de la mujer en el mercado laboral: faltan guarderías, centros de día o comedores escolares, mientras las mujeres continúan siendo las principales responsables de mayores e hijos y los mayores; y sobre todo eso pesa un hándicap esencial: el escaso empoderamiento de las mujeres en el ámbito rural, que básicamente significa que "no estamos donde se toman las decisiones", en palabras de Catalina García, presidenta de Fademur; o lo que es lo mismo, que en los consejos rectores de las cooperativas --las principales empresas en los pueblos--, las mujeres se pueden contar con los dedos de una mano, al igual que en las comunidades de regantes, en los consejos reguladores... "Y hay que empezar a estar", reivindica.

Como viticultora ha sido la primera en dar un paso al frente y acaba de convertirse en la primera secretaria del consejo regulador de la DO Ribera del Guadiana. Era la única mujer que formaba parte de una candidatura a pesar de que en el sector hay un 25% de viticultoras. "En lugar de una representante deberían estar al menos tres, pero es bueno que al menos se haya dado un primer paso para abrir puertas, es importante", asegura.

"No es que tengamos que adaptarnos, es que hay que adaptarse a otra forma de hacer las cosas", añade y se queja del un reproche habitual: "nos dicen que no estamos porque no queremos. Y no es cierto, lo que sucede es que las reuniones de las cooperativas son a las nueve de la noche, pero la mujer es la que sigue asumiendo el peso de los hijos y los mayores y mientras sea así, la mujer no puede estar a esa hora", dice.

Asume que "romper la dinámica es complicado, pero tenemos que empezar a hacerlo y prepararnos para ello", dice. Y defiende además que el panorama que representan los órganos de decisión no refleja la realidad: "muchas mujeres no figuran, pero están al frente de la gestión de las explotaciones".

Aún así, la situación comienza a cambiar. En los grupos de acción local ya se ha establecido por decreto que no puede haber más del 40% de representación de uno u otro sexo. Y está por delante el reto de la Ley de Titularidad Compartida, que la Junta se ha comprometido a desarrollar, así como el decreto que anunció el presidente de la Junta y por el que todas las organizaciones que tengan subvenciones públicas deberán ser paritarias.