El responsable de Asaja Cáceres, Angel García, es el que más crítico se ha mostrado con la reforma legal aprobada. "No se incentiva la participación y es increíble que de los 64.000 perceptores de la PAC, los que tendrán derecho a votar serán 12.000", critica y añade a esto que "todas las empresas agrarias se quedan, en principio, fuera del censo", un planteamiento con el que no está de acuerdo. Para García, la reforma legal es el resultado de "un acuerdo político entre el PSOE y Podemos", que va a amparar "unas elecciones con un censo manipulado". A esto añade otras cuestiones que cree que se deben definir. "¿Para qué van a servir estas elecciones? ¿Las organizaciones agrarias vamos a tener más capacidad de decisión después?", pregunta.
