"Residuos no". Dos palabras, dos pueblos y un solo clamor: "Vamos a luchar hasta el final para que no traigan a nuestros pueblos un vertedero", explica Francisco Moreno, alcalde del ayuntamiento de Campo Lugar, del que también depende el vecino Pizarro. Su objetivo es impedir la construcción de la planta de gestión y almacenamiento de residuos industriales que la empresa Rea 21 S.L. pretende ubicar en el término de este municipio cacereño, de poco más de mil habitantes. La mayoría de ellos, al igual que los pizarreños (en torno a medio millar), rechazan el proyecto.

Y la cuestión ya ha sobrepasado el ámbito local, como demuestran las mociones de apoyo a la Plataforma Ciudadana Vegas Altas contra los Residuos Tóxicos que ha aprobado la Mancomunidad Vegas Altas y varios municipios de la zona, como Miajadas o Madrigalejo. Precisamente, los miembros de dicha asociación han comenzado a moverse para informar a las poblaciones del entorno del riesgo que, a su juicio, conllevaría la construcción de una planta con capacidad para gestionar 148.000 toneladas de residuos --inertes (siete tipos), no peligrosos (101 tipos) y peligrosos (195 tipos)-- y más de 5.000 recipientes industriales al año, según el informe que la empresa ha presentado a la Junta para solicitar la autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental.

"No estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados mientras nos llenan el pueblo de basura tóxica", manifiesta el portavoz de la plataforma, Antonio Calvo. Por ello, se han puesto en contacto con asociaciones ecologistas, como Adenex y SEO-Birdlife --puesto que la parcela elegida para construir la planta de gestión de residuos (85 hectáreas de la finca municipal Las Milaneras ) está justo al lado de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava--, organizaciones agrarias --Acorex tiene su mayor cebadero de terneros en una parcela vecina a la finca-- y las administraciones públicas.

Con esos y otros argumentos han presentado cientos de alegaciones al informe de solicitud de la autorización ambiental, incluido el conflicto social que, desde su punto de vista, generaría la materialización del proyecto. De hecho, ya han recogido más de 5.000 firmas en contra de la materialización del proyecto de Rea 21. Una labor en la que se han implicado otros pueblos de la zona, sobre todo a raíz de las sesiones informativas que la plataforma contra los residuos tóxicos ha llevado a cabo.

Es el caso de Loli González, la presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Villar de Rena. Tras asistir a una de las citadas reuniones, se ha encargado personalmente, junto con otras compañeras de la asociación, de recoger firmas en contra de la construcción de una empresa que considera "muy peligrosa para la zona, para nuestra salud y nuestros cultivos". Todo un ejemplo de solidaridad rural que comparte Francisco Ciudad, gerente de la Mancomunidad Vegas Altas, que se muestra convencido de que "aquí nadie quiere una empresa de esas características, porque estamos convencidos de que no proporciona nada bueno a la zona".

Proyecto ´incomprendido´

Por eso, Ciudad no entiende muy bien por qué el consistorio campuseño se interesó por una planta de estas características. "La empresa ya llevaba bastante tiempo buscando un emplazamiento para su proyecto y probablemente fueron excesivamente confiados", aventura el gerente de la mancomunidad que aglutina Campo Lugar, Pizarro y el resto de municipios de la comarca. Lo cierto es que esta misma semana, el anterior alcalde del municipio, Emiliano Regodón, ha convocado una rueda de prensa para destacar su oposición al proyecto, asegurando que "yo firmé un contrato condicionado a que las autoridades competentes emitieran sus informes favorables al mismo".

Ya en enero del 2007, Regodón declaró a este diario que solo quería "lo mejor para mi pueblo, pero si la gente no está de acuerdo, no voy a hacer nada en contra de nadie". Días antes había convocado un pleno extraordinario en el que, tras la reacción en contra del proyecto que los vecinos de Campo Lugar y Pizarro protagonizaron tras conocer su publicación en el DOE, toda la corporación municipal votó en contra del mismo, incluidos los concejales del PP que hasta entonces lo habían apoyado. De este modo, el proyecto quedaba teóricamente paralizado.

Pero la tranquilidad que, en torno a esta cuestión, habían comenzado a recuperar los municipios implicados se quebró solo un año después. A través de una reunión con el nuevo alcalde elegido en las elecciones del pasado mes de mayo, los responsables de Rea 21 comunicaron al ayuntamiento su intención de cumplir el contrato que en su día firmó con dicho consistorio. Eso supone que si la Junta emite una resolución favorable a Rea 21, la empresa construirá la planta. Y aunque el permiso depende en última instancia del ayuntamiento, que debe conceder la licencia de obra, no podemos negársela si no tenemos algún argumento legal, ya que la ley nos obliga a no ser arbitrarios a la hora de dar estos permisos", explica Moreno.

Ante este panorama, un grupo de vecinos ha decidido constituir la Plataforma Ciudadana Vegas Altas contra los Residuos Tóxicos. Su objetivo es impedir la instalación de la planta, que creen totalmente perjudicial "por el daño que causará en un área agrícola, cabecera además de la comarca de regadío de las Vegas Altas y situada al lado de una ZEPA y cerca de otra". De hecho, entre sus argumentos más sólidos está el informe desfavorable que, según el expediente del proyecto, "emitió en octubre del 2006, la Dirección General de Conservación, porque sería especialmente perjudicial para la avutarda y el aguilucho cenizo".