Nuevos medicamentos para tratar la hepatitis C y determinados tipos de cáncer, que solo pueden dispensarse en el ámbito hospitalario, son la principal causa del incremento de dos cifras que el gasto de las farmacias hospitalarias tuvo en el 2015 y que en el caso de Extremadura llegó al 17%, según los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda, que el año pasado comenzó a controlar la facturación de medicamentos y productos sanitarios de las comunidades autónomas (aunque desde hace al menos cinco años ya se apuntaba el incremento que ahora se constata).
Sin el cómputo de estos tratamientos --en el caso de la hepatitis C pueden costar más de 25.000 euros por paciente-- el incremento de la factura de los hospitales públicos extremeños habría rondado en el último año el 2%, calcula el SES, una cifra que se aproxima a la evolución de la factura de la farmacia ambulatoria --lo que compran los pacientes bajo prescripción-- y que desde hace años se mantiene estable en torno al 3%. La factura de la farmacia hospitalaria supuso 160 millones en 2015 y la ambulatoria rondó los 300 millones. (La previsión para el 2016 se dará a conocer hoy en el desglose del presupuesto).
CLAVE Pero los nuevos medicamentos son una herramienta clave en el tratamiento de algunas patologías y de hecho la previsión es que en los próximos meses se incorporen más al vademecum. "Nos lleva a una cifra de gasto farmacéutico hospitalario que crece a un ritmo que no vamos a poder sostener salvo que la relación entre la industria farmacéutica, el Gobierno de España y los gobiernos regionales sea distinta a la la que está siendo en este momento", asevera a este diario el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, que apoya que el sistema sanitario público incorpore las innovaciones terapéuticas, pero reivindica al Gobierno central "un nuevo modelo de relación en el que la asunción de riesgos entre la Administración y la industria farmacéutica sea compartida para que el sistema sea sostenible".
Lo que defiende el titular extremeño de Sanidad es que las comunidades autónomas tengan voz en la Agencia del Medicamento, el órgano que dirige la toma de decisiones en cuanto al precio de los fármacos, puesto que son los sistemas sanitarios de cada región los que asumen el pago. Ahora es el Gobierno central quien asume la negociación y la capacidad de las comunidades autónomas para fijar precios con las farmacéuticas se limita a los concursos, aunque "sin ningún modelo definido de lo que tenemos que cumplir", lamenta el consejero.
CONDICIONES Plantea para ello "esforzarnos en nuevos modelos de relación con la industria farmacéutica" y pide que se fijen condiciones a las farmacéuticas en dos ámbitos: "gestión de riesgo compartido", lo que significa que el pago del medicamento se liga a su efectividad; y por otro lado "un techo de gasto", un tope máximo a abonar en un periodo de tiempo, aunque el número de pacientes varíe en ese intervalo.
Ambas medidas deberían unirse además a potenciar la investigación farmacéutica en el sistema sanitario español. "Porque si somos más competitivos podremos negociar mejores precios con la industria farmacéutica, puesto que seremos parte de esa cadena de investigación para aprobar el medicamento". En la actualidad ya existe cierta actividad, aunque fundamentalmente a través de ensayos clínicos, no directamente en la cadena de desarrollo del medicamento.
