La Abogacía del Estado no recurrirá la oferta de empleo público en educación y las 241 plazas fijadas no sufrirán ningún cambio ni en las condiciones ni en el procedimiento inicialmente ofertado. Este es el resultado de la reunión que la Consejería de Educación mantuvo, en la mañana de ayer en Madrid, con el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Educación.
Este departamento de la Junta ha recordado que ya anticipó este mismo resultado hace dos semanas cuando la consejera de Educación, Eva María Pérez, dijo que se había cumplido "escrupulosamente" con las directrices del Gobierno Central. Este había estipulado que la tasa de reposición de plazas no debía rebasar el 30% sobre el número de jubilaciones con el fin de cumplir el compromiso de reducción del déficit. Una medida que ha provocado que el Gobierno recurra las oposiciones de Castilla y León, Cataluña y Navarra por sobrepasar esa limitación, con el consecuente reajuste de la oferta pública.
En su día, también se dijo que estaba estudiando recurrir las de Extremadura, en concreto El País citando "fuentes del Gobierno", motivo por el que tanto la Consejería como los sindicatos se apresuraron a defender la legalidad del proceso y a anunciar que impugnarían tal decisión de llevarse a cabo. Finalmente, la Abogacía del Estado negó que fuera a recurrir la convocatoria de plazas en Extremadura, algo que se corrobora con la reunión mantenida ayer y que da tranquilidad a los opositores extremeños.
Por otra parte, el Ministerio de Economía y Hacienda ha emitido un confuso comunicado en el que asegura que la modificación llevada a cabo por la Junta en su oferta pública de empleo general -- educación, sanidad y administración general-- supondrá un ahorro de 7.230.000 euros, cuya procedencia no justifican del todo. Así, indica que no se producirá un incremento de gastos en el caso de las plazas de consolidación (241) puesto que son puestos ya presupuestados.
