La Oficina Extremeña Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública, que así es como aparece recogido en la propuesta de ley, para el control de los contratos de la Junta estará constituida en el mes de septiembre del próximo año. Forma parte de la Ley de Contratación Pública Socialmente Responsable de Extremadura, que será aprobada en el Pleno de la Asamblea del próximo jueves 29 de noviembre y que entrará en vigor el 1 de enero. Así se puso de manifiesto ayer en la Comisión de Admninistración Pública celebrada en el Parlamento regional para la elaboración del dictamen a la propuesta de ley. En ese debate de ayer se presentaron 72 enmiendas al texto inicial; 37 conjuntas de PSOE y Podemos y 35 del PP, en las que se recogian las aportaciones de los distintas entidades que han participado en el debate parlamentario para enriquecer la norma. Algunas de esas enmiendas fueron retiradas ayer mismo al coincidir entre las presentadas por los distintos grupos o ser transaccionadas por los mismos.
Entre esas enmiendas presentadas y ya aprobadas ayer para incluirlas en la normativa figura que su entrada en vigor será el 1 de enero, adelantando así seis meses la fecha recogida en el texto inicial. Además, se fija un plazo máximo de nueve meses para la constitución de la mencionada oficina de supervisión de los contratos públicos, por lo que debe estar creada en septiembre del año próximo.
La oficina dependerá de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, pero con plena independencia orgánica y funcional, y cuya composición vendrá determinada en su desarrollo reglamentario.
La ley establece la obligatoriedad de la licitación electrónica, para ahorrar costes; y persigue, entre otros objetivos, lograr una mayor transparencia en la contratación pública, con medidas de evaluación y seguimiento contra la corrupción y que garanticen la igualdad de trato a todas las empresas candidatas y licitadoras.
Además, busca conseguir una mejor relación calidad-precio en la contratación pública, dando prioridad a la calidad, a las consideraciones medioambientales, a los aspectos sociales o a la innovación.
Otros aspectos destacados en esta normativa son la mejora de la calidad en el empleo, con la inclusión de cláusulas sociales en las empresas que contraten con la Administración regional; favorecer a las pymes de la región, con unas licitaciones más transparentes e igualitarias; así como limitaciones en la duración de los contratos.
