Las organizaciones agrarias y los sindicatos se ha emplazado a una nueve reunión, el 11 de abril, sobre la aplicación del salario mínimo interprofesional (SMI) a los trabajadores el campo.

Ambas partes coinciden en aplicar los 900 euros mensuales del salario a los trabajadores fijos del campo en 14 pagas, pero la patronal quiere incluir en esta cantidad la antigüedad, mientras que los sindicatos consideran que el aumento debe aplicarse sobre el salario base.

En el caso de los eventuales, asunto en el que tampoco han alcanzado un acuerdo ante los mediadores, las diferencias están entre los 42,62 euros de sueldo al día más vacaciones que defienden las organizaciones agrarias y los 46,38 de los sindicatos, vacaciones incluidas, según han precisado a Efe fuentes sindicales.

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha criticado a los sindicatos, en especial a CCOO, por seguir enviando durante estos días "tablas salariales sin estar aprobadas por nadie con el fin de crear confusión".

"Son unos trileros que intentan confundir y engañar a los trabajadores y a la opinión pública", ha subrayado García Blanco, que ha insistido que la voluntad de su organización es aplicar la normativa, "pero siempre que sea clara, legal y ajustada a criterios profesionales".

No obstante, ha advertido de que por encima de estas cuestiones, está el fondo del asunto, que es la aprobación de un real decreto "chapuza" a toda prisa.

A su juicio, tiene "mucho más contenido político que técnico y profesional debido la inmediatez de las elecciones".

García Blanco, que ha pedido su retirada, ha asegurado que las diferentes interpretaciones sobre el texto del decreto no se circunscriben únicamente a Extremadura.

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha alertado del futuro incierto para 35.000 trabajadores del campo si se aplica un 22,5 % de subida salarial.

Un incremento así, en su opinión, haría "insostenibles" muchas explotaciones agroganaderas.

Según CCOO, cerca de 65.000 trabajadores del sector agrario dependen de la cobertura del convenio del campo y aún no ha sido firmado por "la actitud intransigente e irresponsable de la patronal", compuesta por las organizaciones agrarias APAG-ASAJA de Badajoz y Cáceres, COAG y UPA-UCE.

Este sindicato ha reclamado a la patronal que "deje de marear la perdiz", pues están claros cuáles son los criterios con los que se debe trasladar el real decreto del salario mínimo interprofesional en el convenio del campo.