La Ley de Morosidad fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las Administraciones Públicas. El periodo transitorio, desde que se aprobó la ley en 2010, para que las AAPP reduzcan su límite de plazo es de 50 días para este año, 45 para el 2012 y 30 días desde el 1 de enero del 2013.

En el caso de las empresas del sector de la alimentación y los productos perecederos, la obligación es pagar en 30 días.

Las empresas constructoras de obra pública podrán pagar a 120 días hasta el próximo 31 de diciembre. En el año 2012 este plazo deberá rebajarse a 90 días, para fijarlo en los 60 reglamentarios en el ejercicio del 2013.