La Confederación Empresarial Extremeña (Creex) criticó ayer la regulación contenida en el real decreto-ley 28/2018 que, entre otras medidas de carácter social, laboral y de empleo, establece la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social por las prácticas académicas. Según explica en una nota el secretario general de la Creex, Francisco Javier Peinado, esta iniciativa conllevará «costes añadidos para las empresas» y «pondrá en peligro» dichas prácticas.

Peinado considera que esta medida es «un error», pues solo conseguirá «desincentivar las prácticas en empresas», en un ámbito donde «ya de por sí hay problemas para conseguir compañías dispuestas a acoger a personas en prácticas». El secretario general de la Creex señala que un becario inicialmente «no aporta valor añadido» y por este motivo «no se puede justificar que la empresa deba asumir ese coste».

Desde la patronal extremeña recuerdan también que un becario «representa ya otros costes materiales y de tiempo», porque «hay que preparar un puesto de trabajo», al tiempo que «se necesita un tutor encargado de su formación». Por todo ello, Peinado advierte de que esta medida «lastrará la productividad y la competitividad de las empresas».

«Otra cosa es que sean los organismos estatales o privados que ofertan esta formación quienes interioricen el coste, como la Administración o las universidades», puntualiza Peinado.