«Ahora sí. Por primera vez nos sentimos atendidos y reconocen que tenemos razón en nuestras reivindicaciones por un precio justo. Hace diez años que venimos denunciando la especulación pura y dura que existe en nuestro sector». Es la primera valoración de Lorenzo Ramos, presidente nacional de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), a la salida de la reunión que mantuvo ayer el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con las organizaciones agrarias del país -Asaja, COAG y UPA-. Es el primer encuentro de la mesa de diálogo creada tras las manifestaciones protagonizadas por el sector agrario la semana pasada, entre ellas la de Don Benito, y que continuarán en los próximos días.
El ministro se comprometió ayer por la tarde con el sector con una serie de medidas para solucionar sus principales problemas. ¿Cómo? Planteó modificar la Ley de la Cadena Alimentaria para imponer un mayor control en la distribución de los productos del campo, con el fin de evitar las prácticas fraudulentas y los abusos que se vienen produciendo con asiduidad, según denuncian las organizaciones. Y además, por primera vez, esa ley estatal regulará la práctica de la venta a pérdidas que hasta ahora no estaba contemplada para asegurar al agricultor, al menos, los costes de producción, con lo que se da respuesta a una de las principales reclamaciones. «Eso supone que por ley no podrá haber nadie que venda por debajo de lo que cuesta producir, que con controles se obligue al menos a pagar al agricultor lo que le ha costado producir sus productos y si no es así, se podrá perseguir», explica Ramos.
TRANSPARENCIA / Asimismo, el compromiso adquirido ayer también contempla incrementar las sanciones previstas en esta ley y dotar de mayor transparencia al sistema. «Hasta ahora si alguien denunciaba solo podía conocerse si esa denuncia se admitía a trámite o no, pero a partir de ahora todas las sanciones van a ser públicas. Es un paso muy importante porque se trata de que haya transparencia en la cadena de valor para impedir que haya gente que ponga criterios abusivos. Ahora tiene que haber un borrador y una consulta pública, pero hemos pedido ¡que se cambie la ley cuanto antes», apunta el líder de UPA.
SEGUROS / Junto a la modificación de la actual Ley de la Cadena Alimentaria, el paquete de medidas presentado por Planas incluye revisar la Ley de organizaciones interprofesionales o intentar aumentar la dotación para los seguros agrarios en los próximos presupuestos generales del Estados.
De momento, está prevista una nueva reunión entre el Gobierno central y las organizaciones agrarias para el jueves en el que se abordará el sector de la aceituna y el aceite, uno de los más afectados, y la próxima semana habrá otro encuentro para tratar el sector de las frutas y las hortalizas. Además, según Ramos, el ministro se ha comprometido también a reunirse con las cadenas de distribución «para pedirles que paren de poner márgenes abusivos y informar de los cambios en la ley estatal». También prevé convocar en las «próximas semanas» el observatorio de los precios de la producción para controlar los bajos márgenes.
«Si el campo no funciona, las ciudades tampoco»
Más allá de la reunión, la resaca de las últimas protestas de los agricultores extremeños, a la que precedieron los andaluces, mantiene el foco político en la región. El portavoz del PP, Fernando Pizarro, denunció que el sector agrario extremeño no tiene el respaldo ni del Gobierno regional ni nacional y «la paciencia» de los agricultores «se ha terminado».
«Extremadura cuenta con tierras fértiles, personas cualificadas y una infraestructura importante, pero no tenemos la ayuda de la Administración regional y nacional para ayudar a la sostenibilidad de este sector productivo», ha señalado durante una rueda de prensa en Mérida. «Si el campo no funciona, las ciudades tampoco», ha advertido Pizarro, quien mostró la incertidumbre que genera la próxima negociación de la PAC porque «siempre se la ha encontrado hecha: tanto en 2007 cuando heredó la negociación de Rodríguez Ibarra, como en 2015 cuando José Antonio Monago había garantizado la renta agraria», ha manifestado. A esto añade medidas del Gobierno central como las plantaciones de cava, «lo que refleja la poca intención de ayudar a Extremadura».
Por su parte, desde el PSOE extremeño han hecho un llamamiento al diálogo y a la «unidad de acción» de todas las formaciones políticas en Extremadura, de las organizaciones agrarias y de los gobiernos regional y central para solucionar el principal problema que tiene el campo, que es el de los bajos precios en origen.
El portavoz socialista, Juan Antonio González, ha destacado que una vez identificado ese grave problema, ahora «deberíamos remar todos a una» para solucionarlo y desactivar de este modo también «los intereses ocultos» por parte de algunos que quieren sacar partido de las reivindicaciones de los agricutores, dijo, acusando a Vox de repartir propaganda electoral en la protesta.
González ha valorado como un «buen primer paso» que el presidente de la Junta se reuniera el pasado viernes con las organizaciones agrarias y añadió que también es un buen punto de partida que la creación la Asamblea de una comisión para el estudio del principal problema de los agricultores y ganaderos.
