Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2016, la tasa de riesgo de pobreza en Extremadura fue del 30% de la población, ligeramente peor que en 2015 y superior a la media nacional del 22%. Significa que casi 327.000 personas estaban en riesgo de exclusión social con unos ingresos por debajo de 6.404 euros/año (el 60% de la renta mediana de Extremadura). Desde el 2010, la evolución ha sido positiva, ese año se alcanzó el 36% y ha ido disminuyendo, hasta la tasa actual del 30%, gracias a la buena marcha de la economía regional con un crecimiento medio en los 2 últimos años del 2,1%. Una tasa alta del 30% merma el crecimiento de la Región a largo plazo ya que deprime la demanda, provoca la deslocalización de mano de obra hacia otras CCAA con mayor renta per-cápita y acrecienta la despoblación que sufrimos (según previsiones del INE, la Región perderá un 4% en los próximos 10 años). Todo ello termina por restar atractivo a la llegada de nuevas inversiones.
Para analizar el origen de la desigualdad en la Región la debemos descomponer en 2 tipos: la desigualdad primaria (el reparto de renta entre trabajo y capital) y la secundaria (la renta disponible por habitante después de impuestos y transferencias).
Las causas del aumento de la desigualdad primaria en la Región son varias: primera, la devaluación competitiva en la empresa, menores salarios, para ganar competitividad. La creación de empleo, por la buena marcha de la economía, permitió bajar el paro, del 36% en el primer trimestre de 2013 al 28% de 2016, y crear empleo a un menor coste (el coste laboral por trabajador del último trimestre de 2016 bajó un 2,3% interanual) que hizo que los salarios siguiesen siendo bajos (según el INE, el salario medio bruto mensual en la Región en 2016 fue 1.613 euros, el más bajo del país y en el mismo nivel que en 2010). Segunda, el aumento del trabajo temporal por la reforma de trabajo de 2012 (no puede ser que las horas trabajadas en 2016 sean inferiores a las de 2011 si se ha creado empleo). La temporalidad añade precariedad y hace que el ingreso marginal del trabajo sea bajo. Si eliminásemos el empleo temporal y se quedasen los trabajadores indefinidos, su antigüedad haría subir el coste laboral medio y los salarios. Y tercera, el flujo migratorio. El número de extranjeros bajó más de 5.600 personas de 2010 a 2016, la mayoría europeos y americanos, y aumentó el peso relativo de residentes de otras zonas, con menor renta per cápita que la extremeña, que presionó a la baja el salario medio al aceptar peores condiciones de trabajo. Al final, el trabajador soportó el coste de la crisis, la participación de la remuneración por asalariado en el PIB regional bajó del 48% en 2010 al 46% en 2016, que equivalió a transferir más de 400 millones de euros desde las rentas del trabajo a las empresas y autónomos.
En cuanto a la desigualdad secundaria en la Región, la renta disponible bajó un 11% de 2009 a 2014, alcanzando los 10.529 euros. Las causas son dos: una, la menor capacidad redistributiva del gobierno regional (vía impuestos y transferencias), con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, como respuesta a la crisis, y sus objetivos de deuda, déficit (0% para 2020) y regla de gasto. Y dos, el aumento del coste de la vida acumuló un 2,3% tan solo en 2015 y 2016, situando el IPC en el 1,5% interanual en 2016, que minoró el poder adquisitivo, el consumo y la creación de empleo estable. Una senda ascendente de precios resta competitividad a la empresa siendo más difícil que oferte nuevos empleos.
En mi opinión, el origen de la desigualdad y la pobreza en la Región está en la presión a la baja sobre los salarios, por lo que el gobierno regional debería, por un lado, desincentivar la temporalidad en sectores intensivos en mano de obra, como el turístico, e incentivar que el traspaso de rentas del trabajo a la empresa, del que hemos hablado, sea para financiar la inversión, y no para repartir beneficios, con el que se cree empleo y aumente su productividad de tal forma que absorba la subida de salarios. A parte de aumentar los planes de empleo social y de continuar con la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social que da acceso a la renta básica.
