La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, abogó ayer por la realización de una auditoría «pública» en el Grupo Gallardo para analizar su estado financiero y, si éste es positivo, establecer una participación de la Junta en su gestión. Se trata de que la Administración lo haga «de forma transparente, eficaz y con responsabilidad social», señaló tras reunirse con el empresario Alfonso Gallardo, presidente del grupo industrial, para abordar la situación de la empresa.
El encuentro se celebra después de que De Miguel mantuviera una reunión con miembros del comité de empresa, en la que le trasladaron que debido a los problemas financieros del conglomerado empresarial, la plantilla ve peligrar sus puestos de trabajo. Con la propuesta planteada, señaló la candidata, se evitaría que un fondo de inversión extranjero termine comprando la empresa.
