La candidata de Unidas por Extremadura a la presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha abogado por la realización de una auditoría pública en el Grupo Gallardo para analizar su estado financiero y, si es positivo, establecer una participación de la Junta en su gestión.
Se trata de que la Administración lo haga "de forma transparente, eficaz y con responsabilidad social”, ha señalado tras reunirse con el empresario Alfonso Gallardo, presidente del grupo industrial, para abordar la situación de la empresa y el futuro de sus trabajadores.
El encuentro se celebra después de que De Miguel mantuviera una reunión con el comité de empresa, en la que le trasladaron que debido a los problemas financieros del conglomerado empresarial, la plantilla ve peligrar sus puestos de trabajo.
Con la propuesta planteada, señala la candidata, se evitaría que un fondo de inversión extranjero termine comprando la empresa, con lo que “en cualquier momento luego puede venderlo, acabar con él y poner a todos los trabajadores en la calle”.
Considera que “la administración pública no puede permitir que este emporio empresarial se vaya a la quiebra debido a las numerosas personas que trabajan en él”.
Asimismo, señala que “mientras Vara y Monago están enfrascados en ver quién preside los actos", su partido intenta defender los empleos de numerosas familias de Jerez de los Caballeros y su entorno.
