La polémica por el nombramiento del exconsejero Manuel Amigo como presidente de la Corporación Empresarial de Extremadura (CEX) vivió ayer un nuevo capítulo ya que el PP aseguró que la elección vulnera la ley extremeña de incompatibilidades de altos cargos, vigente desde 1985. Por el contrario, la Junta se aferró a esta misma normativa autonómica para defender la legalidad de la designación.
El diputado del Partido Popular Tomás Martín Tamayo calificó el nombramiento de "ilegal e inmoral" y señaló que tres informes jurídicos encargados por su partido avalan que se incumple el espíritu de la ley, que marca que en los dos años siguientes al cese un alto cargo no puede ejercer en empresas o sociedades relacionadas con el sector público o que hayan recibido ayudas públicas.
Tamayo explicó que la CEX tiene un 20% de participación de la Junta y ha otorgado ayudas a 52 empresas, algunos de cuyos expedientes "fueron firmados por el propio exconsejero". Además, añadió que la norma pretende "evitar que la información privilegiada por haber estado en el sector público pueda usarse por el que tiene el cargo para obtener beneficios".
Del mismo modo, el diputado popular indicó que Amigo cobraría por presidir la CEX alrededor de 150.000 euros por año "mucho más que el presidente de la Junta". A su juicio, es inmoral "lucrarse personalmente del conocimiento adquirido en su etapa de consejero". Tamayo dijo tener confianza en que la Junta o el resto de socios de la CEX frenarán el nombramiento. "Hay riesgo de que el exconsejero, cuya trayectoria se ha caracterizado por los continuos fracasos, politice este organismo como ha hecho con todo lo que ha tocado, enturbiando la trayectoria de la CEX", comentó.
El parlamentario regional del PP indicó que si se confirma la elección presentarán iniciativas parlamentarias y si tampoco logran revocarla así, no descartan recurrir a "otras instancias" amparados con los informes jurídicos de los que disponen.
LA JUNTA CREE QUE ES LEGAL Mientras, el Ejecutivo regional difundió en la tarde de ayer una nota donde se indica que la ley de incompatibilidades avala al exconsejero, porque permite la presencia en las sociedades que tengan capital público de personas en representación de la administración.
Según el escrito, puesto que Amigo puede ir al consejo de administración de la CEX en representación de la Junta, tendría derecho a todas las prerrogativas que le otorga esta situación "entre ellas elegir o ser elegido presidente del mismo (en referencia al consejo de administración)". Además, recuerda que Amigo fue elegido por unanimidad presidente de la CEX.
