Hacen falta más agentes y más recursos. La Confederación Española de Policía de Extremadura (CEP) exigió ayer al Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno que haga un esfuerzo y se comprometa a asignar un máximo de diez mujeres maltratadas por funcionario policial, como establece la legislación, para que puedan ser correctamente protegidas. En Extremadura, según denuncian, ese ratio no solo no se cumple sino que están "desbordados".
La CEP ha elevado esta demanda a la Delegación del Gobierno y a la Jefatura Superior de Policía en Extremadura, ya que los policías destinados actualmente en la región a estas tareas --un total de 14 funcionarios, de acuerdo con estas fuentes-- se encuentran "totalmente desbordados".
Esta organización precisa que no hace la petición "en balde", ya que está basada en los datos oficiales que obran en poder del Gobierno central y de la Administración de Justicia, donde se refleja que existe una escasez de recursos tanto materiales como humanos para que las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección Contra Malos Tratos a la Mujer (UPAP) de las comisarías extremeñas puedan cumplir con su cometido.
MAS DE 400 ORDENES Solamente en los seis primeros meses de este año, según la CEP, estas unidades especiales creadas en Extremadura han recibido 438 nuevas órdenes de protección de mujeres maltratadas, de las que 281 se han producido en el primer trimestre y 157 durante el segundo.
A esta petición de incremento de efectivos humanos, el sindicato policial añade la reclamación de más medios materiales. En este apartado solicita vehículos exclusivos para las UPAP de Extremadura, con el fin de facilitar a estos policías el seguimiento diario que hacen de las víctimas o acompañarles a cualquier requerimiento judicial o policial sin depender de que haya en las comisarías unidades disponibles de otras brigadas.
