Mientras hay "avalanchas" por conseguir plazas en los centros concertados y los públicos están "masificados", la Consejería de Educación opta por la reducción de unidades concertadas. Esta es la principal crítica que el PP realizó ayer en rueda de prensa en la que apoyó la decisión de la Administración de retirar las plazas a nueve niños del colegio pacense de Las Josefinas por la falsificación de datos por parte de los padres para la admisión de sus hijos. Este centro celebró ayer una reunión para el inicio de curso, sin abordar este asunto.
Tras el respaldo del portavoz de Educación popular, César Díez Solís, a esta decisión porque "va en contra del decreto de admisión de alumnos", solicitó al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, una reflexión sobre "la desesperación" de los padres para conseguir plazas en colegios concertados, pese a que la Junta asegura que el 80% de los alumnos de la región opta por la enseñanza pública. Además asegura que el PP miente al hablar de la "masificación" de la enseñanza pública, ya que la ratio en los centros extremeños --un profesor por cada diez alumnos-- está por debajo de la media nacional.
Sobre la reducción de conciertos, el director general de Política Educativa, Felipe Gómez, aseguró ayer que el número es similar al del curso anterior, con 1.478 unidades de enseñanza concertada en 73 centros. Se trata por tanto de dos unidades menos que el año pasado (1.480) debido a la disminución del alumnado. En concreto, se han concertado para este curso tres unidades más en educación infantil y se han reducido cuatro en primaria y una en secundaria, manteniendo prácticamente el mismo número de plazas disponibles.
Asimismo, Educación recuerda que los conciertos "han de realizarse teniendo en cuenta la oferta de centros públicos y concertados bajo el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos". Como base a este principio, no se conciertan unidades cuando hay plazas suficientes en centros públicos próximos.
Así todo, el PP también denunció que no se haya atendido la petición de 72 nuevas unidades, con lo que "se está vulnerando la libertad de elegir de los padres". Ante esto la Junta explica que dicha resolución se realiza en función de las necesidades de las familias y de la capacidad de responder a lo que la red pública no puede atender.
