La portavoz regional del PP, Francisca Rosa, exige hoy al presidente de Caja Extremadura, Víctor Bravo, que defienda los intereses de la región y no los suyos "particulares" en el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que ha presentado Liberbank, del que forma parte la entidad extremeña.
Este ERTE incluye suspensiones de empleo durante 18 meses para 1.332 empleados.
Según la dirigente popular, Bravo, que también es vicepresidente de Liberbank y al que califica como "un directivo político" ya que, matiza, fue nombrado presidente de Caja Extremadura por el entonces presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y por CCOO, debe trabajar para que los trabajadores extremeños no sean perjudicados.
El PP reclama que se "suavicen" los efectos del Expediente de Regulación Temporal de Empleo y, en este sentido, Rosa dice que los populares apoyan a los trabajadores, una labor a la que invitan el resto de partidos políticos.
Los sindicatos de Liberbank presentarán esta semana en Madrid el conflicto colectivo por el ERTE para que se retire el documento del Expediente.
El 27 de junio habrá una concentración de delegados sindicales ante la Junta General de Accionistas de Liberbank en Madrid.
Por otro lado, Francisca Rosa subraya que se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el Reglamento de la Ley regional de la Renta Básica, sobre lo que ha dicho que es importante porque desarrolla un texto cuyo fin es paliar los efectos de la crisis económica entre la población.
Agrega que Extremadura era la única región que aún no contaba con esa ley y que se ha llevado a cabo porque el PP y el presidente del Gobierno extremeño, José Antonio Monago, han cumplido sus "compromisos" en la materia. "Ha sido dicho y hecho", añade la dirigente popular sobre la Renta Básica.
Por otra parte, también habla de la situación de la empresa de alta sastrería Fuentecapala S.A., cuya dirección ha comunicado oficialmente el cierre de su centro de producción de Navalmoral de la Mata por ser "inviable", aunque que la empresa no desaparece "ni cierra su actividad" en otros centros que cuenta.
Rosa apostilla que el Gobierno extremeño trabaja para que haya un "cambio" en la situación, que afecta a 140 trabajadores, pero que la decisión es de la empresa.
