El Grupo Parlamentario Popular considera que el nuevo decreto sobre la instalación de parques eólicos en Extremadura es "positivo" porque coincide con muchas de las cuestiones planteadas por el PP, pero que, al mismo tiempo, resulta "inútil porque llega en un momento tardío para que esta energía pueda remontar el vuelo".
Según recoge la agencia Efe, el portavoz de Industria del Grupo Popular en la Asamblea, Anselmo Díaz Cabello, detalla que, desde hace cuatro años, su partido lleva planteando la derogación del decreto vigente, aprobado en 2005, debido a la "rigidez" de exigir tres empleos por cada megavatio instalado.
El PP consideraba que las zonas de exclusión eran excesivas y perjudicaban, en muchos casos, a los lugares con más potencial de viento.
En su opinión, el decreto de 2005 "no le gustaba a nadie", ni a los ayuntamientos ni a las empresas, salvo a la Junta de Extremadura que, a regañadientes, estableció "unas condiciones duras para justificar las negativas anteriores" en materia de energía eólica.
Además, critica que el Gobierno regional rectifique cinco años después de iniciarse el proceso eólico en Extremadura y después de ir "de fracaso en fracaso" porque la primera convocatoria quedó desierta.
Para el diputado popular, los 22 parques eólicos autorizados en la región son "22 cadáveres" ya que, a pesar de tener la autorización, no pueden ponerse en marcha sin las primas que concede el Ministerio de Industria.
En este sentido, menciona que las primas a las renovables siguen "una tendencia a la baja" porque existe un déficit tarifario de 18.000 millones de euros, un recorte que también se prevé en el Pacto Energético Nacional.
A su juicio, este nuevo decreto "llega tarde, mal y cuando ya no es necesario" y señala al consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, como el responsable de que "a la energía eólica se le haya pasado el arroz en Extremadura".
Igualmente, adverte que las empresas promotoras se van a instalar en otras comunidades que presentan "unas condiciones más favorables y una normativa más estable", justo lo que exige el sector energético extremeño, ha apuntado el parlamentario.
Bajo su criterio, esto supone "la confirmación de un fracaso anunciado y de un fraude", puesto que se prometió la generación de 2.000 empleos directos e indirectos y 500 millones de euros en inversiones.
Por todo ello, en su opinión, se trata de "una de las mayores chapuzas" de la Administración autonómica, que ha generado "falsas expectativas" y pide a Navarro que se reúna con todas las partes implicadas.
