El PP de Extremadura interpuso ayer ante la Audiencia Provincial de Badajoz un recurso de apelación por el auto de archivo d el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Olivenza sobre el caso Lusográfica.
El recurso, que ya anunció el partido el pasado viernes, 11 de marzo, viene justificado porque "aún hay mucho que explicar" sobre un asunto al que, "imaginábamos, se le quería dar carpetazo".
En el recurso de apelación que presentan las concejalas del PP que denunciaron el caso, Amelia Núñez y María López, se recoge que el momento en el que las irregularidades cometidas alcanzan la "trascendencia penal" es el 14 de febrero de 2006, día en el que se celebra la decisoria Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivenza, que aprueba una serie de puntos "a todas luces, irregulares".
Según consta en el acta de la sesión, añade el PP, acordó "por unanimidad cancelar las condiciones resolutorias establecidas en el pliego de condiciones económico-administrativas por el cual se le adjudicó el contrato de compraventa de terrenos (6 Has 50 a) en la finca Ramapallas a la empresa Lusográfica, S.A., toda vez que, transcurrido el plazo acordado, la empresa adjudicataria ha cumplido íntegramente las mismas".
Para los concejales del PP este acuerdo fue claramente ilegal por una serie de motivos que quedan recogidos en la resolución.
En primer lugar, según los denunciantes, porque la Junta de Gobierno Local era manifiestamente incompetente tanto para cancelar las condiciones resolutorias como para dar por cumplidas las mismas, ya que habían sido establecidas por el Pleno de la Corporación, único órgano competente para conocer de este acuerdo.
Además, según el PP, las condiciones se cancelaron sin que, con carácter previo, se realizara informe técnico alguno sobre el cumplimiento de las mismas, ni con respecto a la inversión de 500 millones de pesetas ni en cuanto a la creación de 100 puestos de trabajo.
De hecho, en su declaración judicial, el secretario municipal, Juan Carlos González Montes, señaló que "no elaboró ningún informe sobre si se habían cumplido las condiciones impuestas a Lusográfica, S.A.", y que ningún concejal integrante del Gobierno local lo solicitó, según el PP.
Asimismo, el alcalde de entonces, Ramón Rocha, y Justo Núñez, miembro de la Junta de Gobierno, declararon ante el Juzgado que "cuando acordaron la cancelación sabían que no se habían creado todos los puestos de trabajo exigidos en el pliego de condiciones".
A la pregunta de por qué se habían cancelado las condiciones si no se habían cumplido las mismas, Rocha respondió que "porque lo pidió Lusográfica, S.A.", según el PP.
Los populares han precisado que la finalidad principal perseguida con esta enajenación residía en "industrializar la localidad, fomentar el empleo y buscar la satisfacción de las necesidades de los oliventinos".
Con la decisión del 14 de febrero de 2006, según recalca el PP, el ayuntamiento perdía toda posibilidad de recuperar su bien patrimonial, ya que la Junta de Gobierno daba por cumplidos todos y cada uno de los condicionamientos.
