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CURSOS DE FORMACIÓN

El PP y UGT se enzarzan en una discusión sobre fondos

 

REDACCIÓN-EFE MÉRIDA
16/03/2019

El PP de Extremadura y UGT se enzarzaron ayer en una discusión sobre los fondos públicos destinados a la formación de trabajadores ocupados y desempleados, si bien los populares responsabilizaron de su acusación directamente a la Junta de Extremadura.

La portavoz del PP, Cristina Teniente, pidió explicaciones al Gobierno regional por la supuesta desviación en la región a «estructuras sindicales» de UGT de fondos públicos. Teniente se hizo eco, dijo, de las informaciones «vertidas por algunos medios de comunicación nacionales» indicando que Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil avanza en la investigación del supuesto desvío en Extremadura de recursos de esos cursos a «estructuras sindicales».

Para Teniente, esas informaciones analizan «la evolución» en la investigación del «fraude de formación tanto en Andalucía como en Extremadura» mientras que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, no ha hecho «ni un sólo comentario». Teniente dijo que la Fiscalía investiga a 25 personas en Extremadura y que ahora la UCO «habla de una macroestructura fraudulenta en materia de formación».

INForme de la UCO // Desde UGT, su secretaría general, Patrocinio Sánchez negó que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya incorporado a la causa judicial de los cursos de formación ninguna «macroaestructura fraudulenta» como denunció el PP anteriormente. Sánchez destacó que «desde el minuto cero» UGT está colaborando con la justicia y sigue en su tesis de que se trata de errores administrativos.

Por otro lado, dijo estar «harta» de que cada vez que se acerquen unas elecciones el PP salga con los cursos de formación, como ocurrió el 25 de marzo de 2015. Y resaltó que las subvenciones a los sindicatos están contempladas en la Constitución y se han pagado con el PSOE y con el PP a nivel estatal y en las comunidades autónomas.

El PSOE extremeño también quiso responder al PP acusándolo de «persecución al diálogo político y social».