El pasado martes se presentó ante el Servicio Extremeño de Salud (SES) un escrito de apoyo a la médico y al ATS de Plasenzuela, que recientemente fueron suspendidos de empleo y sueldo hasta que se aclare el caso de los presuntos cobros irregulares que recibieron de la residencia geriátrica municipal. Antonio Toril, uno de los firmantes del escrito, explicó ayer que se han adherido a él 321 personas, entre vecinos de Plasenzuela y Botija y varios compañeros de trabajo de los dos sanitarios sancionados. Esta cifra comprende la mayor parte de las 470 cartillas sanitarias que atendían estos profesionales (390 si se restan las de los 80 residentes en el geriátrico, a los que no se les ha pedido firma).
Los firmantes del escrito muestran su apoyo "en lo personal a dos profesionales que durante su estancia en estos centros de salud nos han tratado como mejor han sabido hacerlo". De la misma forma, y sin quererse inmiscuir en el "procedimiento administrativo pertinente", ni "entrar en las circunstancias" que lo han motivado, se solicita "su más rápida reincorporación al puesto de trabajo", ya que, se añade, "la inmensa mayoría somos personas de avanzada edad y tenemos confianza en sus actuaciones".
La medida sancionadora adoptada por el Servicio Extremeño de Salud tiene su origen en los cobros que estos dos sanitarios recibieron por los trabajos que prestaban en el geriátrico municipal fuera de su horario como empleados del sistema público de sanidad. Ambos admitieron haber percibido cantidades por esta labor durante unos diez años, en un sobre cerrado y de manos del exalcalde, José Villegas.
