El portavoz del PSOE en la Asamblea, Valentín García, ha aseverado que la Junta "llegará a un buen acuerdo" con las eléctricas sobre el impuesto a las instalaciones que incidan en el medio ambiente (IIMA), y el del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón, que fue "un boomerang" de Guillermo Fernández Vara que "llega al cuello" de los extremeños.

Tras una reunión de hoy de la Junta de Portavoces de la Asamblea preparatoria de la próxima sesión del Pleno, se han referido así al hecho de que la Sección II del Tribunal Supremo (TS) haya confirmado la condena a la Junta de devolver a Gas Natural SDG S.A. casi 2,3 millones del IIMA correspondiente a la autoliquidación del ejercicio 2009.

A juicio de García "seguro" que la Junta de Extremadura puede negociar con las compañías eléctricas sobre esta cuestión y que fruto de esta labor se logrará un acuerdo positivo para la Comunidad Autónoma.

No se ha mostrado de acuerdo el portavoz parlamentario del PP, quien ha aseverado que a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, "se le encienden todas las luces rojas" por esta cuestión y que el PP ya advirtió sobre la inconstitucionalidad de esa medida. Ha agregado que en su día el Gobierno central presidido por Mariano Rajoy ya "rescató" en esta cuestión a Extremadura mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en relación a 73 millones de económica y que la situación de la región "puede empeorar" por este tema.

Por su parte, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha dicho hoy que la sentencia que obliga a la Junta a reintegrar parte de lo cobrado a las eléctricas por la llamada "ecotasa" supone un "varapalo" que va a tener "un efecto claro", pues "el señor Vara no va a poder cumplir el objetivo de déficit". En declaraciones a Efe, Monago ha reiterado que las compañías eléctricas, "en lugar de recurrir tanto a los tribunales, podían tener un guiño que otro con la comunidad autónoma".

En ese sentido, ha indicado que le parece paradójico que Extremadura "sea productor y exportador neto de energía y al final el domicilio fiscal de estas grandes empresas esté en Madrid y encima recurran a sus grandes bufetes de abogados determinadas decisiones". "El kilovatio nos vale lo mismo a un extremeño que a un ciudadano de cualquier otra parte, porque es un mercado regulado y nacional", apuntó.

Por su parte, la diputada de Podemos Irene de Miguel ha manifestado la preocupación de su formación y ha preguntado que "de dónde se va a sacar el dinero" y si esos pagos van a suponer "más recortes" a la población. A su vez, la portavoz de Ciudadanos (C,s), María Victoria Domínguez, ha aseverado que la situación en este tema "no es buena" y ha preguntado cómo se hará frente a los pagos.