La Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de Extremadura (Pymecon) consideró ayer «inadmisible» la «falta absoluta de previsión y preparación» de las administraciones ante la entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público que ha provocado un «parón» en la licitación de obra pública.

Una nueva legislación que entre sus exigencias destaca la necesidad de que toda la licitación pública se lleve a cabo de forma electrónica, algo que «aparentemente debería ser intrascendente» ya que todas las administraciones conocían «con gran antelación la necesidad de adecuar sus estructuras a esta obligación», pero que «está suponiendo un auténtico bloqueo y caos en muchos casos que está conllevando un parón absoluto en la licitación de obras públicas de la mayoría de administraciones».

A través de un comunicado, la organización empresarial lamentó que «la mayoría de administraciones no están técnicamente preparadas» para poder llevar a cabo estos cambios, lo que en el caso de Extremadura puede suponer incluso «la pérdida y devolución de fondos europeos destinados a inversiones que no se van a llevar a cabo», algo que una comunidad como la extremeña «no puede permitirse bajo ningún concepto, dada su precaria situación».

Además de este «parón en las licitaciones», señaló Pymecon que «no hay ejecuciones de obra en marcha», y en este sentido pusieron como ejemplo el Plan de Desarrollo Rural, que «llevará poco más de un 20% de ejecución» a estas alturas del año, o las actuaciones en obras hidráulicas y depuración.

De esta forma, la organización concluyó que se pueden perder por este motivo «del orden de 50 o 60 millones de euros a consecuencia de esta mala gestión, derivada de los problemas de licitación fundamentalmente».

Si a ello se suma que «no hay fondos para afrontar la cofinanciación que exigen este tipo de planes con subvención comunitaria», Pymecon propone que se arbitren «fórmulas» por parte de la Junta de Extremadura para conseguir los recursos necesarios, ya que es «intolerable que se pueda llegar al caso de que se tenga que renunciar a gran parte de esos fondos».