Pymecon exige a la Junta que abone las certificaciones y las ayudas pendientes a las empresas de la construcción

En una nota de prensa, señala que ha recibido reclamaciones de empresas que a día de hoy siguen sin percibir el ingreso de estas certificaciones, algo que considera "inaceptable" para unas empresas que "cuando más lo necesitan" no pueden contar con la liquidez que les proporcionaría el pago de sus "facturas pendientes con la administración autonómica". Unos "impagos", añade, que asimismo afectan a ayudas correspondientes a diversos programas.

En concreto hay empresas a las que se les adeudan "hasta tres o cuatro certificaciones de obras más las pendientes del mes en curso", por lo que la situación es insostenible", ya que la actividad continúa y "el motor de la construcción no puede pararse por estos incumplimientos y otros derivados de las dificultades para obtener fondos ICO, aplazamientos" entre otras cuestiones.

Un problema que es "mayor" por la "lentitud" derivada de la puesta en marcha del programa Alcántara con el que la administración regional pretende gestionar los pagos y que "al parecer no se encuentra totalmente disponible".

Por este motivo y ante esta situación, la Junta "debe adoptar cuantas medidas sean necesarias" para agilizar tanto los pagos pendientes de facturas, como aquellos referidos a ayudas y subvenciones, y en todo caso "facilitar al menos que se puedan arbitrar los medios necesarios para que las empresas puedan en el peor de los casos, disponer de los documentos que faciliten el endoso de las facturas pendientes".

Y es que, como ya manifestó la semana pasada la Creex, la Junta de Extremadura cerró el mes de febrero con un Periodo Medio de Pago (PMP) a proveedores de 52,7 días, lo que supone 3,7 días de demora más que el mes anterior, y 22,7 días por encima del máximo legal, periodo que en Pymecon temen que pueda ampliarse en el futuro.

De igual modo, instan a la administración regional a que como, al igual que ya se han comprometido las dos diputaciones con Pymecon, ponga en marcha planes especiales y saque a licitación "todas las obras pendientes", a fin de que las empresas puedan aprovechar para estudiar y preparar la documentación de las obras, a pesar de la paralización de plazos administrativos.

"Consideramos absolutamente necesaria la activación de la obra pública y la inversión en infraestructuras productivas que generen empleo", así como que se autorice por parte del Gobierno a que las administraciones locales puedan disponer de sus remanentes para utilizarlos en este tipo de inversiones, e incluso que se habiliten "fórmulas de colaboración público privadas" para llegar a todas ellas.

En este sentido, Pymecon aboga por la externalización de la redacción de proyectos para agilizar su licitación, haciendo uso si cabe de procedimientos negociados, encomiendas de gestión y adjudicaciones de urgencia a empresas de la región, para acometer aquellos proyectos de mayor interés.

FONDOS ICO

Asimismo, y en otro orden de cosas, también queremos poner de manifiesto el "gravísimo problema" que se "sigue produciendo" en relación a los fondos del ICO, ya que las entidades financieras están concediendo operaciones que se están ya formalizando con los gastos inherentes a ello (comisiones, notaría...) "sin que una vez formalizados estos trámites puedan disponer de los citados fondos en sus cuentas".

Se trata de un hecho "absolutamente inadmisible" y que pone "en serio peligro" la supervivencia de las empresas que tiene "confiado su futuro inmediato" a la disponibilidad de estos fondos, además de suponer un "quebranto más" para sus "ya de por sí castigada liquidez", motivo por el que ruegan que se arbitren las medidas necesarias para solucionar este problema.

A ello se suma la "imposibilidad" de la "mayoría de las empresas del sector" de acudir a los ERTE por causa de fuerza mayor, lo que dibuja junto a los problemas antes descritos, lleva a una importante caída de empresas en concursos y liquidaciones, y por consiguiente la pérdida irreparable de puestos de trabajo".