La juez de Olivenza que ha instruido el ´caso Lusográfica´ y que emitió la pasada semana un auto de archivo del que ayer se han conocido sus términos, pone de relieve que una de las querellantes, Amelia Núñez Márquez, pidió para 13 concejales y exconcejales del ayuntamiento oliventino, entre ellos el exalcalde Ramón Rocha, una condena por prevaricación por adoptar un acuerdo que ella misma, en calidad de edil, también aprobó. Uno de los motivos en los que la querella presentada por el PP sustentaba la imputación de que los 13 concejales habían prevaricado era por haber aprobado, en el pleno municipal del 27 de diciembre del 2000, la enajenación mediante subasta de los terrenos destinados a la imprenta, así como el pliego de condiciones que debía regir la misma, entre ellos el de venderlos por una peseta.

El dato de que los terrenos se vendieron por una peseta ha sido empleado por el PP para dar a entender que Lusográfica tuvo un trato de favor por parte del Ayuntamiento de Olivenza. Ahora la juez María Pilar Sánchez-Baña Rodero recoge en su auto de archivo que esa decisión contó también con los votos de los concejales del PP, entre ellos el de la querellante Núñez Márquez. También recoge ese auto que el acuerdo del Pleno consideró conveniente establecer "un precio simbólico (una peseta) por ser el más ajustado a la finalidad pretendida de fomento de la industrialización". Estas circunstancias llevan a la juez a señalar que "llama la atención" que, a pesar del acuerdo unánime, la querella se dirija "solo contra los concejales que ocupaban el cargo de alcalde y tenientes de alcalde del Ayuntamiento". La juez rechaza, además, que hubiera trato de favor con Lusográfica porque otras empresas que se instalaron en Olivenza, como una planta de gas natural, también compraron los terrenos en las mismas condiciones.

La juez rechaza otro de los delitos que se imputa a los querellados: el de haber impedido al grupo de la oposición el acceso a la documentación del caso Lusográfica. Sánchez-Baña dice que "los documentos aportados con la denuncia desvirtúan esa aseveración" y reputa de no entendible que los querellantes pretendan revisar los papeles del difunto Elías Rivera (portavoz del PP en la legislatura en que se aprobó el expediente de Lusográfica) a fin de conseguir la documentación necesaria para la presentación de la denuncia. La juez de nuevo --y siempre implícitamente-- censura a Amelia Núñez Márquez, de quien recuerda que también pertenecía a aquella corporación, por lo que si el fallecido Elías Rivera disponía de documentos también estarían a disposición de ella.

Nuevamente se refiere la juez a la contradicción entre la denuncia de ahora y el posicionamiento del PP cuando se tramitaba la llegada de Lusográfica, al argumentar que no aprecia tráfico de influencias. Para solicitarlo, los querellantes apuntan a unas manifestaciones de Ibarra, entonces presidente de la Junta. Pues bien, esas manifestaciones fueron elogiadas por Elías Rivera, quien en el pleno de diciembre del 2000 expresó "el acierto del presidente de la Junta al haber contribuido a que una industria de gran tamaño pueda venir a Olivenza".