Organizaciones en defensa de la naturaleza y los animales rechazaron ayer que la caza pueda ser considerada un derecho social. De hecho, pidieron su prohibición en espacios naturales protegidos y a menos de 500 metros de viviendas habitadas. Estos son algunos de los mensajes que llevaron a la Asamblea, donde comparecieron para realizar sus aportaciones dentro del periodo informativo de la propuesta para modificar la Ley de Caza de Extremadura.

Pablo Ramos Duro, representante de Ecologistas Extremadura, argumentó que es «algo fuera de lugar» que la caza sea considerada un derecho social y alegó que la Constitución, en su artículo 45, sí que establece el derecho de las personas a disfrutar del medio ambiente. Un ejercicio que a su juicio está siendo coartado precisamente por la caza, por ejemplo para los senderistas, micólogos o ciclistas.

En este mismo sentido se pronunció Álvaro Guerrero, de Amus, quien además apuntó que aunque solo un 4% de la población española practica la caza, su actividad utiliza casi el 80% del territorio español, lo que «no es equitativo ni justo». Criticó además que es un negocio o diversión, que su defensa como sector de rentabilidad económica responde a un «discurso manido», que no es compatible con la conservación de la naturaleza ni de la biodiversidad, y que perjudica a especies protegidas.

Por último, Ángela Casillas, representante de la Plataforma Defensa Animal Extremeña, ha pedido que los terrenos sean declarados «por sí» no cinegéticos, para que sean sus propietarios quienes decidan considerarlos como tal o no, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad.

La eliminación del uso del plomo en los proyectiles en 2020 ha sido otra de las demandas que han compartido los comparecientes, así como un mayor control del furtivismo. Pidieron también la prohibición de cazar en parques nacionales como Monfragüe y la eliminación de algunas modalidades de caza como los perros en madriguera o monterías con rehalas.