El Gobierno ha vuelto a plantear esta semana la posibilidad de que las autovías actualmente gratuitas pasen a ser de pago como un medio para financiar el mantenimiento de estas infraestructuras. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha confirmado que la opción de imponer un pago, que ha calificado de «simbólico», en estas carreteras es una cuestión a debatir y sobre la que reflexionar, pero que el proceso ni siquiera se ha iniciado, por lo que aún falta definir detalles tan importantes como cuánto se cobrará, en qué parte de la red o qué sistema se empleará.
Solo la patronal de grandes constructoras y concesionarias, Seopan, parece ver con buenos ojos esta eventual medida, que ha considerado «beneficiosa» tanto para la economía española como para el conjunto de la sociedad, pero que se ha encontrado con el frontal rechazo de transportistas y conductores.
Según los últimos datos del Ministerio de Fomento, en España hay alrededor de 9.000 kilómetros de autopistas libres y autovías, de los que 579 están en Extremadura. Además, en la región hay otros 124 kilómetros de autovías y 34 de carreteras multicarril que son competencia del Ejecutivo regional. Julián Mora Aliseda, profesor de Ordenación del Territorio de la Uex, apunta que, de acabar implantándose este pago, se haría en aquellas vías en las que existe otro itinerario alternativo, ya que «no puedes obligar al pago de un peaje cuando no tienes otra opción». De esta forma, una posible tasa «no afectaría» a la A-5 (a Madrid), porque se trata de la única alternativa para completar este recorrido, pero sí podría hacerlo a la A-66 (autovía de la Plata) porque esta carretera sí cuenta con una vía paralela, la N-630, de forma similar a como sucede con la Trujillo-Cáceres (A-58).
Para Mora, «evidentemente» el mantenimiento de estas vías «hay que pagarlo de alguna manera, ya sea con un impuesto directo solo a quien las usa o uno indirecto a todo el mundo. Nada es gratis», pero incide en no cometer «injusticias territoriales». «No se puede gravar en la misma medida a las zonas que han sido excluidas del desarrollo», sostiene.
Tampoco vería bien que se cobrase en mayor medida a los vehículos más contaminantes, una posibilidad que se estaría barajando y que castigaría especialmente al envejecido parque automovilístico extremeño. En la región, más de una quinta parte de los turismos ha pasado ya de los veinte años de antigüedad o lo hará en el transcurso de este mismo año. «En Extremadura, por dificultades de renta, muchos no pueden cambiar de coche cada cinco años. Vivimos, además, en la región que menos contribuye a la contaminación, pero que más aporta desde el punto de vista de los servicios ambientales», aduce.
Una de las actividades para las que podría resultar más gravosa esta medida sería la del transporte de mercancías por carreteras. «Solo la posibilidad» de que se plantee, «tal y como está el sector del transporte hoy en día, me parece ya una auténtica aberración», asevera Miguel Ángel Sánchez, presidente de la Asociación de Transportitas de Extremadura (Asemtraex). A su juicio, los márgenes tan escasos con los que trabajan estos profesionales hacen que asumir un coste añadido sea «completamente inviable» para ellos. «Nosotros no es que vayamos una vez al mes a Madrid, por ejemplo, es que lo hacemos multitud de ocasiones. Imagínate lo que supone pagar cada vez tres euros. Y si ya se trata de una empresa que cuenta con varios vehículos….», esgrime. A nivel nacional, desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) se ha remarcado que el sector del transporte por carretera ya contribuye «suficientemente» al mantenimiento de las infraestructuras a través del impuesto de hidrocarburos.
El impacto para las actividades exportadoras extremeñas también resultaría evidente. Una de ellas es la de la fruta. «Si se aplica, sería bastante negativo para todo el sector exportador extremeño», confirma Miguel Ángel Gómez, gerente de la Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex). «Si a las empresas de transportes les suben los gastos, se los trasladarán a sus clientes, en este caso a nosotros», razona, al tiempo que recuerda que los productores ya han tenido que afrontar este año otro aumento de sus costes como consecuencia de la subida del Salario Mínimo Interprofesional.
Gómez destaca que en el caso extremeño el transporte por carretera es la única alternativa de la que disponen para sacar la fruta de la región y que, además, los empresarios extremeños cuentan con el hándicap de estar «más alejados» de muchos de los puntos de destino de la fruta que otras zonas productoras como Aragón y Cataluña, que están cerca de la frontera francesa. «Nosotros tenemos que atravesar toda España».
Desde el punto de vista de los particulares, colectivos de conductores, como el RACE, y de consumidores, como Facua, también se han posicionado en contra de establecer estos peajes. En esta misma línea, el coordinador de DYA Extremadura, Alejandro Márquez, pronostica que, de implantarse el pago en autovías supondrá «un punto negativo no solo en lo económico, sino en la seguridad». «Hará que menos gente las use y vayan por las carreteras secundarias, lo que va aumentar posiblemente la siniestralidad y la mortalidad, que se había ido conteniendo en los últimos años», prevé. Tres de cada cuatro fallecidos en 2018 en vías interurbanas en España perdieron la vida en carreteras secundarias.
