Segundo intento para la reforma del Estatuto de Autonomía. El Consejo de Gobierno acordó ayer instar a la Asamblea a que inicie el proceso para eliminar los aforamientos de los cargos públicos en delitos ajenos al ejercicio de sus funciones y rebajar al 1% del censo electoral las firmas necesarias para que una iniciativa ciudadana se debata en el Parlamento. Según explicó la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, se trata del primer paso formal para la reforma del texto, un largo proceso que la Junta reinicia «con la mano tendida» hacia el resto de grupos parlamentarios tras el intento fallido del año 2015.
Entonces el contexto político y la composición de la Cámara autonómica eran otros, pero tampoco en esta ocasión el éxito está asegurado porque con la mayoría absoluta del PSOE y sus 34 diputados no será suficiente: la reforma del Estatuto debe aprobarse por mayoría de dos tercios (44 escaños), lo que obligará a los socialistas a negociar con el PP (20) o a poner de acuerdo a Ciudadanos (siete) y Podemos (cuatro), ya que solo con los votos de una de estas dos formaciones no sería suficiente. «Entendemos que cambiar el Estatuto de Autonomía no es cambiar cualquier ley, por lo que nosotros hacemos esto con la mano tendida, receptivos al entendimiento y con la intención de mejorar las instituciones públicas y también la participación de los ciudadanos en ellas», dijo ayer Gil Rosiña. Ella misma recordó que en 2015 se creó una comisión parlamentaria en la Asamblea para abordar la reforma, pero los trabajos no llegaron a iniciarse nunca.
Por ello, el PSOE volvió a incluir la propuesta relativa al aforamiento y las iniciativas populares en su programa electoral y Guillermo Fernández Vara asumió nuevamente el compromiso de ponerlo en marcha en su discurso de investidura.
CORTES GENERALES / De esta forma, ayer el Consejo de Gobierno aprobó solicitar a la Asamblea que dé comienzo a los trámites para la reforma del Estatuto. El primer paso será volver a crear una comisión con todos los partidos para elaborar la propuesta de reforma que después se remitirá a las Cortes Generales, ya que el Estatuto de Autonomía tiene rango de ley orgánica y cualquier cambio necesita el visto bueno del Congreso y el Senado.
Por lo que respecta al aforamiento, la intención del Ejecutivo extremeño es eliminarlo para todos los cargos públicos en los casos de delito que no tengan que ver con el ejercicio de sus fuciones, lo que implica que serían juzgados por tribunales ordinarios. Cabe destacar que otras regiones como Murcia, Cantabria y Baleares ya están inmersas en la reforma de sus estatutos para suprimir el aforamiento de sus parlamentarios autonómicos, aunque su entrada en vigor se verá retrasada por las elecciones del 10 de noviembre.
Por lo que respecta a las Iniciativas Legislativas Populares (ILP), la intención del Ejecutivo es «reducir de manera drástica» las firmas que son necesarias para que se debatan en el Parlamento. En concreto, se pasaría de las 45.000 actuales (es la cifra más alta de todo el país) al 1% del censo electoral, entre 9.000 y 10.000 en la actualidad. El objetivo, dijo Gil Rosiña, es que este mecanismo pueda convertirse en «un verdadero instrumento de participación democrática por parte de la ciudadanía». Esas 45.000 firmas exigidas en la actualidad son casi las mismas que se necesitan en Madrid o Cataluña (50.000), donde el censo es cinco o seis veces superior. En comunidades como Asturias, con una población similar a la extremeña, una ILP precisa 10.000 firmas para llegar a debatirse en el Parlamento.
Quizá por lo poco conocida que es esta figura y lo difícil que es conseguir las firmas, en más de 30 años de democracia apenas se han impulsado cuatro y solo una de ellas logró apoyo suficiente (67.850 firmas) para llegar a debatirse. Fue en el año 2010 y la iniciativa partía de Red Madre: pretendía crear una red de apoyo a la mujer embarazada y no salió adelante. Las otras versaron sobre la renta básica, las hipotecas y el tren, esta última promovida por Milana Bonita y aún en trámite.
