Los primeros casos que por incendios forestales intencionados se juzgarán en la región por jurado popular tendrán lugar el próximo año. Así lo indicó ayer a este diario el fiscal coordinador de incendios de Extremadura (TSJEx), Juan Antonio Galán, quien explicó que "los incendios intencionados son delitos competencia del Tribunal del Jurado, pero hasta la fecha no se ha celebrado en la región ninguno porque, aunque sí han llegado a juicio casos de fuegos intencionados, éstos no se pudieron tramitar por jurado porque a los acusados se les imputaban al mismo tiempo otros delitos que no eran competencia del jurado".

Serán seis los presuntos pirómanos que se enfrenten a los cuatro jurados que se constituirán para juzgar las causas que en la actualidad instruyen diferentes juzgados por los fuegos que el pasado verano se registraron en Carrascalejo y Santa cruz de la Sierra, el que tuvo lugar en agosto del 2005 en Cañamero y el que un año antes se provocó en Herrera del Duque.

Por el incendio de Carrascalejo, que instruye un Juzgado de Navalmoral, están imputados dos vecinos; por el de Santa Cruz, que instruye el Juzgado 1 de Trujillo, hay dos imputados; una mujer es la acusada del de Cañamero, que instruye el Juzgado de Logrosán; y también un solo imputado hay en la causa de Herrera. De ellos tan solo este último sigue en prisión provisional, señaló Raquel González, fiscal de incendios de Badajoz.

"La instrucción de todas estas causas están muy avanzadas, por lo que a lo largo del 2007 se celebrarán los juicios", anunció Galán. Este, sobre las posibles penas a las que los acusados se enfrentarán, indicó que aún están por determinar, "pero en ningún caso superarán los 5 años de prisión, que es la máxima para un delito de incendio intencionado, pues solo en los casos en que haya habido riesgo para las personas pueden solicitarse penas mayores, y no parece que en estos casos haya sido así".

En cuanto a los procedimientos que por incendios forestales en general, tanto intencionados como fortuitos, han llegado este año a la Fiscalía, Galán señaló que se ha notado un claro descenso, pues mientras el año pasado hubo unas 300, este año han sido poco más de cien.