La directora gerente del Sepad, Cristina Herrera, informó ayer que la región recibió entre 2007 y 2011 las prestaciones de dependencia correspondientes a 502 personas que habían fallecido debido a que no se actualizaron las bases de datos. La cifra resulta de los 357 casos que ya dio a conocer el consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, más 145 que han surgido cruzando datos posteriormente. Herrera ha aclarado que a las familias se les cortó la prestación una vez que hubo constancia del fallecimiento, pero no fue así para el Sepad, que ya devolvió a lo largo del pasado año 1,3 millones de euros por este concepto. Ahora tiene que devolverse el importe correspondiente a los 145 nuevos casos, que alcanza los 474.663 euros.

En su comparecencia, Herrera se ha felicitado por la apuesta del Gobierno por "reforzar la transparencia" en el sistema de dependencia con el fin de evitar situaciones como esta que acaba de poner de manifiesto un informe del Tribunal de Cuentas, que ha desvelado que casi 30.000 personas fallecidas seguían figurando como beneficiarios de las prestaciones en España entre 2007 y 2011. La directora del Sepad ha explicado que al no actualizarse los datos, el Imserso siguió abonando las prestaciones a los gobiernos regionales, que sí dejaron de abonarlas a las familias. "Y hoy, los que gobernamos tenemos que pagar las consecuencias de esta gestión", ha apuntado.

Herrera también informó ayer de los cambios introducidos por el Gobierno en el sistema la Ley de Dependencia, que según explicó beneficiará a Extremadura porque "se discriminará de forma positiva" a las regiones que den prioridad a la atención mediante servicios en lugar de prestaciones económicas. La comunidad es la tercera región con un mejor equilibrio entre servicios y prestaciones, ya que ambos conceptos están prácticamente equiparados al 50%. Además, se hace una apuesta por los servicios profesionales, se regula un seguimiento de las prestaciones concedidas a los cuidadores familiares, se amplía el espectro de beneficiarios y se realiza un "esfuerzo adicional" para ofrecer servicios más allá del mínimo fijado.