La iniciativa legislativa promovida por el presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, para aumentar las competencias de esa comunidad sobre la cuenca del Guadalquivir ha encontrado un rechazo total en Extremadura, desde donde se pide que se cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional que señala que las competencias sobre los ríos son del Estado y no de la CCAA.
La idea lanzada por Griñán para aumentar las competencias y llevarlas a su máxima expresión pretende, según éste, lograr una "mayor delegación" de dichas competencias hacia su región. La iniciativa, señala el presidente andaluz, persigue "sumar al esfuerzo realizado por el Gobierno de la Nación y no plantea ningún conflicto".
Sin embargo, desde Extremadura se tiene otra visión. El presidente del Ejecutivo extremeño, José Antonio Monago, recordó ayer en Mérida que las competencias sobre el Guadalquivir son "cosa juzgada", por lo que reclama la aplicación de la sentencia del Constitucional. Desde el Gobierno extremeño "se tiene muy claro que hay una sentencia del Constitucional, que es muy clara y que arroja luz sobre este asunto tan controvertido para algunos", explicó Monago. Este apostilló además que una autonomía "no puede apropiarse de un río cuya cuenca afecta a más de una región".
El líder de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, también terció en el asunto y reclama el cumplimiento de la sentencia del TC. Si bien el expresidente de la Junta admite que el Gobierno puede compartir con las autonomías las competencias y que es lógico que Andalucía tenga mayor peso en la gestión, Vara cree que en esa gestión deben participar Extremadura y Castilla-La Mancha.
El portavoz de IU, Pedro Escobar, está convencido de que la propuesta de Griñán tiene tintes electoralistas ante la inminencia de los comicios autonómicos. Para él "el poder sobre las aguas, la lluvia y el curso de los ríos no conoce las fronteras ni las limitaciones municipales o autonómicas".
