La segunda iniciativa legislativa popular presentada en el Parlamento regional se registró en marzo del 2011 pero no llegó a tramitarse. Propuesta por un grupo de personas que no pertenecían a ningún colectivo en concreto, solicitaba una regulación sobre las hipotecas de bienes inmuebles. El expediente entró en la Cámara el 11 de marzo y diez días después la Mesa de la Asamblea decidió no admitir a trámite la iniciativa legislativa porque entendía que trataba una materia de competencia estatal. «Pretende la modificación de normas civiles e hipotecarias, materias que son competencia exclusiva del Estado y sobre las que las comunidades autónomas carecen de competencias legislativas», recoge el documento de la mesa. Así, con este argumento, la segunda ILP extremeña se archivó como «no admitida».
