La primavera que acabamos de estrenar será en Extremadura, en lo político, la de la Renta Básica, una ley que, por su importancia, justificaría toda una legislatura. Los 3 partidos con representación en la Asamblea lo saben, y por eso se han referido a ella no desde el minuto 1 del partido, sino desde el vestuario. PSOE y PP la incluyeron en el Pacto Social y Político de Reformas firmado en 2010 y la llevaron, de distinta forma, en sus programas electorales de 2011, mientras que IU fue más allá y la convirtió en uno de los 12 mandamientos que presentó a Monago y Vara para orientar su voto en la investidura. Con estos mimbres, y pese a las diferencias entre los tres partidos en torno a la propuesta aprobada por el gobierno, se da por hecho que la ley saldrá adelante con más o menos retoques. Está claro que ningún partido querrá quedar en estos momentos como el que tumbó esta ley por corta que pueda quedarse. Y ahí está una de las claves de la próxima negociación parlamentaria: mientras el PP dice haber llegado casi al límite con el anteproyecto, PSOE e IU consideran que es insuficiente, y reclaman más. De cuánto más consigan y de cómo lo consigan dependerá la foto final de la Renta Básica.

El gobierno de Monago es consciente de que lleva la iniciativa en la negociación, y que es quien más tiene que ganar políticamente con el proyecto. No hay más que repasar la hemeroteca de los últimos meses para ver que prácticamente ha publicitado todo el proceso de elaboración del texto, sin olvidar el veto a la propuesta que el PSOE registró en la Asamblea en agosto, o la presentación del martes pasado, con el presidente a la cabeza y el slogan "Nadie caminará sólo. Un nuevo derecho para los extremeños". La iniciativa es suya y quieren rentabilizarla.

El PSOE sabe que, vistos los antecedentes, la ley saldrá adelante con o sin ellos, por lo que buscará imprimirle su sello, hacer un guiño a la izquierda y no quedarse en fuera de juego. Lo tendrá difícil, vista la actitud del PP de negarles el pan y la sal desde el principio, y la competencia de Izquierda Unida, con quien volverá a rivalizar en enmiendas, o como diría Escobar , en ver "quién mea más lejos". La coalición de izquierdas sería, en teoría, la más beneficiada por la aprobación de la renta básica, aunque al final puede salir chamuscada del proceso. Y es que Escobar tendrá que nadar de nuevo entre las dos corrientes de la coalición: por un lado los que le reclaman una "Renta Básica de verdad", entre ellos los promotores de la fallida Iniciativa Legislativa Popular y los campamentos "Dignidad" de Mérida y Plasencia, y por otro los que apuestan por el "más vale pájaro en mano que ciento volando", eso sí, aumentando las prestaciones y el número de beneficiarios, algo que posiblemente consigan en el trámite de enmiendas parciales.

XESTOS COLECTIVOS,x, por otra parte, llevan razón cuando dicen que llega al parlamento no es una "Renta básica de verdad". Y es que si nos atenemos a la definición que hace la Red Global de Renta Básica, sería "un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva". Demasiado en los tiempos que corren, económica, ética y políticamente. Económicamente porque si la Junta tuviese que destinar una media de 600 euros a, por ejemplo, 70.000 beneficiarios, la prestación le saldría por más más de 500 millones de euros, cerca del 10% de todo el presupuesto regional. Eticamente porque tendría difícil justificación mantener no a quien no puede trabajar, sino al que pudiendo hacerlo no quiere, y políticamente porque cargaríamos de argumentos a las comunidades que, como Cataluña, atacan sistemáticamente a Andalucía y Extremadura con la cantinela de que con lo que ellos aportan de más nosotros nos pasamos el día en el bar, que diría Durán i Lleida .

En fin, que queda mes y medio por delante para que PP, PSOE e IU alcancen un acuerdo satisfactorio para todas las partes y que pueda solucionar en la medida de lo posible el problema de los miles de extremeños que pasan necesidad. Y sería además recomendable que este acuerdo se produjera sin injerencias ni 'escraches', ese término importado ahora de Sudamérica para definir las campañas de acoso a los políticos, sobre todo del PP, incluso hasta la puerta de sus casas.

Protestar frente a la Asamblea es muy lícito y democrático. Acosar o coaccionar a un diputado hasta la puerta de su domicilio para que adopte una decisión que no comparte no lo es, y además sienta un peligroso precedente. Sobre todo cuando la cámara extremeña es la más plural en años y en ella están los representantes que los extremeños hemos elegido libre y democráticamente.