No habrá libros de texto gratuitos para los alumnos extremeños en el próximo curso escolar. La suspensión de plazos administrativos que se decretó con el estado de alarma en el mes de marzo ha impedido la aprobación definitiva de la propuesta de ley que presentó Ciudadanos a finales del año pasado para crear un banco de libros en todos los centros educativos de la región, incluidos los privados. Se beneficiarían unas 180.000 familias con un ahorro estimado de 150 euros por niño en Primaria y 180 en Secundaria y se trabajaba con la previsión de que empezara a funcionar a partir de septiembre, algo que ya no será posible a consecuencia de la crisis del coronavirus.

Según explica la Consejería de Educación, el parón decretado por el estado de alarma ha impedido que la ley culmine su tramitación en la Asamblea. El texto, presentado por la formación naranja como propuesta de ley, pasó el debate de totalidad en noviembre del año pasado con el apoyo de PSOE, PP y Unidas Podemos. Se encontraba en la fase de presentación de enmiendas parciales cuando se declaró el estado de alarma. «La Asamblea aún no ha levantado la suspensión. Cuando se levante, la ley deberá superar esta fase de enmiendas parciales para ser aprobada y entonces se sabrá también cuándo entra en vigor», señalan fuentes del departamento que dirige Esther Gutiérrez. Una vez cerrado el plazo para presentar enmiendas, la Comisión de Educación de la Asamblea deberá elaborar un dictamen que ha de someterse de nuevo a votación en el pleno para la aprobación definitiva de la norma. Teniendo en cuenta que el mes de agosto es inhábil a efectos parlamentarios, la ley no estará aprobada antes de que se inicie el próximo curso escolar en septiembre.

Frente a las ayudas directas, el borrador de la ley aboga por la creación de un banco de libros en cada centro escolar y la puesta en marcha de un sistema de préstamos gratuito y universal. La gestión y supervisión del sistema correrá a cargo de una comisión dependiente del Consejo Escolar y, en global, de una comisión de seguimiento dependiente de la Consejería de Educación. Los libros podrán ser en formato digital o papel, sin apartados destinados al trabajo personal del alumno ni espacios para escribir o dibujar (excepto en Infantil y Educación Especial) para que puedan ser reutilizados al menos cuatro años.

PRÉSTAMO VOLUNTARIO / Las familias podrán adherirse al sistema de préstamos de forma voluntaria, con la obligación de hacer un uso adecuado del material y devolverlo una vez finalizado el curso escolar. Según explicó el diputado de Cs David Salazar cuando presentó la iniciativa, se trata de una ley que busca «que nadie se quede atrás» en la región con los sueldos más bajos del país. Según explicó, el gasto escolar llega a representar el 3,4% del presupuesto familiar. La mayor parte va destinado a los libros, con un coste medio de entre 140 y 150 euros.

Salazar recordó además que los casos de bajo rendimiento escolar en Extremadura «tienen una relación muy fuerte» con la situación socioeconómica del hogar. «El objetivo principal es que todos los niños se escolaricen en igualdad de condiciones para evitar que en las edades más tempranas se empiecen a dar desigualdades que luego cuesta mucho superar», reiteró. Extremadura será la cuarta comunidad en implantar la gratuidad de los libros de texto, medida que ya funciona en Andalucía, Navarra, Valencia y Madrid.

Respecto a la financiación (fue una de las críticas del PP), en el texto inicial tan solo se recoge que la Consejería de Educación tendrá que fijar cada año la inversión a realizar por alumno. La formación naranja ya presentó esta iniciativa en la anterior legislatura, pero no se llegó a debatir por el «veto» de la Junta, que alegó que afectaba a los presupuestos del 2019. Sin embargo, ahora, según la diputada socialista María Piedad Álvarez, el texto es «un nuevo hito» que viene a poner «negro sobre blanco» todo lo que se ha hecho desde el Ejecutivo regional mediante decretos.