La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez Morán, cuantificó ayer en unos 100.000 euros el coste que supondría ejecutar la reválida de sexto de Primaria que establece la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), al tener que contar con evaluadores externos. Gutiérrez detalló que de llevarse a cabo, las pruebas implicarían a unos 10.400 alumnos y la movilización de 600 docentes. La consejera reiteró su rechazo a una reválida de estas características, pues su resultado solo serviría para establecer un "ranking" entre centros educativos. Por ello, volvió a pedir al ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, que no tenga "miedo" a las comunidades y convoque con urgencia la Conferencia Sectorial para analizar éste y otros asuntos de relevancia para fijar "un criterio único". Si el ministro no atiende esta petición que parte de numerosas comunidades, apuntó, éstas se reunirán por su cuenta y tomarán una decisión al respecto de la prueba, de momento paralizada en las comunidades gobernadas por el PSOE, y cuya celebración se ha fijado en torno al 11 de mayo.
Sobre el asunto también se pronunció ayer el PP, cuyo secretario general, Fernando Manzano, tildó de "irresponsable" al secretario de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, por anunciar el martes la paralización de la prueba. Este recordó a la Junta que "las leyes están para cumplirlas" y señaló que la prueba se va a celebrar. "Es de una irresponsabilidad máxima crear alarma e incertidumbre donde no la hay", dijo el popular, que recordó que las comunidades fueron convocadas por el ministerio hace dos semanas.
