Los sindicatos UGT y CCOO han pedido una reunión con la dirección de Río Narcea Recursos S.A., tras la toma de contacto mantenida en la mañana de ayer con técnicos de la empresa que explota los recursos mineros de Aguablanca, en la que la compañía se ha vuelto a ratificar en su intención de cerrar la mina alegando una previsión de pérdidas de 106 millones de euros.
En nota de prensa, Río Narcea anunció "razones económicas" para justificar el cierre. Según la empresa, en junio de 2015 "el proyecto a cielo abierto finalizó tal y como estaba planificado desde su origen". Por otro lado, explican que en el año 2013, aprobaron un estudio sobre la viabilidad de acometer un nuevo proyecto de explotación subterráneo, y que la viabilidad del mismo se sustentaba "en una proyección de precios del níquel a 8,4 dólares por libra, y del cobre a 3,65 dólares por libra". La evolución de los precios, explica la multinacional, "ha sufrido un drástico desplome desde entonces". La inversión prevista para el desarrollo de este proyecto era de 221,1 millones de euros. La empresa, que ha cifrado en 115,1 millones los ingresos que generaría este proyecto, considera que los precios actuales del mercado de los metales "generarían pérdidas de 106 millones de euros"; con lo que Río Narcea "se ha visto obligada a tomar la decisión de renunciar al proyecto de extracción en interior".
ENGAÑADOS Tras la reunión de ayer, que se celebró en las instalaciones de área de descanso del Complejo Leo en la A-66, a cuyas puertas aguardaban medio centenar de trabajadores, Saturnino Lagar, secretario de Industria de CCOO, calificó la situación de "completo engaño y traición hacia los trabajadores". "Todavía hoy tenemos más claro que ayer que la empresa lo único que ha hecho hasta la fecha es traicionar totalmente lo que se negoció en septiembre", apunta Lagar, refiriéndose a la negociación por la que "de buena fe" se resolvió el Expediente de Regulación Temporal de Empleo en tanto en cuanto estuviese resuelta la Declaración de Impacto Ambiental para poder reiniciar la explotación a través de galerías; "que hace solo unos meses era posible y ahora es inviable".
En la misma dirección se manifestó el secretario regional de la Federación de Industrias de UGT, Leocadio Núñez, para quien tras la toma de contacto de ayer, "se hace necesaria una reunión con la alta dirección de la empresa y no con personas que no pueden tomar decisiones". Núñez explicó que desde los sindicatos se ha pedido a la empresa que de cara a próximas negociaciones, "deben retirar la palabra cierre".
"Cada día tenemos más claro que cuando se presentó el ERTE, tenían en su cabeza el cierre", aseveró el presidente del comité de empresa, Eloy Sánchez, tras la finalización de la reunión, quien no entiende "porque se solicitó la ampliación de la mina".
"Esto no va a ser fácil", manifiestan desde los sindicatos, que convocaron una asamblea de trabajadores para las seis de la tarde de ayer en la localidad onubense de Cala, donde una hora después tuvo lugar el pleno municipal en el que, al igual que ocurriera en Monesterio, El Real de la Jara y Santa Olalla, se presentó una declaración institucional a favor de los trabajadores y en contra del cierre de la explotación.
BENEFICIOS OCULTOS "Hay mala fe e intereses ocultos", manifestó el secretario general de UGT Extremadura, Francisco Capilla. El sindicato apuntó que según una auditoría realizada por la empresa a la que UGT ha tenido acceso, "la empresa tuvo un beneficio contable antes de impuestos de 20,6 millones de euros en los ejercicios 2013 y 2014; una facturación el pasado año de 2,3 millones de euros, unos resultados de explotación de 6,9 millones y unos datos financieros positivos de 11 millones". Del mismo modo, el sindicato recuerda que el volumen de incentivos recibidos a lo largo de los años por parte de la Junta de Extremadura se cifran en "siete millones de euros". La central apuntó "beneficios ocultos", pues "la Agencia Tributaria ha reclamado a la mercantil 14,9 millones de euros y la auditoría refleja resultados empresariales infravalorados en más de ocho millones". Finalmente, UGT pide a la Junta de Andalucía y a la Junta de Extremadura "un frente común para salvar los puestos de trabajo"; pues el 60% de los trabajadores son andaluces y el resto extremeños.
IZQUIERDA UNIDA A la preocupación mostrada por el PSOE y el PP en Extremadura, por la situación en la que podrían quedar los 400 trabajadores afectados, se suma el nuevo coordinador regional de IU en Extremadura, Joaquín Macías, para quien "estas decisiones suelen estar calculadas y bien meditadas". Macías pone como ejemplo aquellos países emergentes de la América Latina, que han basado su empleo y su crecimiento en la explotación de materias primas, pues "cuando se dejan de demandar esos recursos o a la empresa, en ese momento no le interesa, simplemente cierran, generando un importante problema social".
