Rosa Díez, líder del partido Unidad, Progreso y Democracia (UPyD), reitera su oposición a la instalación de una refinería en Extremadura porque considera que este tipo de industria "es absolutamente ajena a los intereses" de esta región.
Según recoge la agencia Europa Press, la diputada recuerda que su partido ya criticó este proyecto en su programa electoral, donde censuraba la ubicación de esta "industria pesada" que, según observa, no responde "al interés de Extremadura desde el punto de vista del desarrollo económico y social". Además, considera que este proyecto "no tiene, absolutamente, ninguna justificación" si se "piensa en el futuro de Extremadura", además "de los problemas medioambientales" que presenta.
Por ello, recuerda que UPyD plantea "una batería de preguntas al Gobierno central" sobre la refinería que el Grupo Gallardo prevé en el "corazón" de la comarca extremeña de la Tierra de Barros, que, según lamenta, aún "no han sido contestadas".
Al respecto, precisa que de este modo pretenden obtener "una justificación" por parte del Gobierno central "desde el punto de vista medioambiental, económico y social", asevera.
Asimismo, muestra su preocupación porque a su entender el debate sobre este proyecto industrial "no se ha podido tener de un modo sereno" en la región, ya que "los poderes políticos que han decidido implantar" la planta de refino "han convertido en malos y enemigos" de la región "a las personas que tienen una posición crítica" al respecto.
Para Díez, "en una democracia ha de ser posible tener posiciones en un sentido u otro con absoluta libertad, y con absoluto respeto", por ello añade que "cuando hay miedo a la expresión libre es que hay algo que se oculta", al tiempo que precisa que esto motiva "el deterioro de la propia democracia". "En esta comunidad las personas que se han posicionado en contra de la refinería han tenido que soportar el acoso de los poderes públicos, es una vergüenza para esta propia comunidad".
Por su parte, el coordinador de UPyD en Extremadura, Pedro López, destaca que se han presentado 80.000 alegaciones contra este proyecto,"40 de las cuales han sido interpuestas por la Junta de Andalucía por considerar que incurre en deterioro medioambiental.
