En la recta final de la tramitación de la ley de renta básica, la Consejería de Salud empieza a ser consciente de la que se le viene encima. La necesidad económica de cada vez más familias sostiene la creación de un texto legal que garantice unos recursos mínimos para los extremeños en exclusión social o económica y también el aluvión de solicitudes que el propio consejero de Salud, Luis Alfonso Hernández Carrón, espera tras la aprobación definitiva de la Ley de Renta Básica Extremeña de Inserción el 9 de mayo en la Asamblea, si no hay contratiempos.

Hasta ese momento, queda por debatir las enmiendas que los grupos parlamentarios pueden presentar hasta hoy, así como las aportaciones que los propios trabajadores de los servicios sociales pueden realizar en las distintas jornadas técnicas que se están desarrollando en la región para dar a conocer los pormenores de lo que aún es un ansiado borrador.

Ayer fue el turno de oír a los trabajadores de servicios sociales de base de la provincia de Cáceres, que fueron citados en el complejo cultural San Francisco para conocer al detalle la normativa. "Es un logro que se vaya a convertir en un derecho subjetivo y que la ayuda no dependa del dinero que tenga el Gobierno, pero tengo muchas dudas sobre el funcionamiento de esta norma. Es necesario que no se demore en el tiempo como ocurre con las Ayudas para la Integración en Situaciones de Emergencia Social (Aises) y que se pongan en marcha mecanismo para agilizar los pagos, porque no hay personal ni recursos suficientes para atender la necesidades actuales", apuntaron ayer varios de los trabajadores asistentes a las jornadas. Para ello, Hernández Carrón precisó que la consejería está trabajando en un nuevo programa informático que agilice las solicitudes y que reforzará el personal ante el "aluvión" de usuarios que esperan. La cobertura será para en torno a 5.000 titulares.

"El fracaso o el éxito de la ley va a depender en buena medida de la coordinación entre la Administración y los trabajadores, que son el nexo de unión con los ciudadanos", aseguró ayer el consejero que espera lograr el máximo consenso con los grupos en el debate de las enmiendas. "Cuanto más consenso haya más respaldada saldrá y mejor funcionará".

Para alcanzar ese consenso hay dos escollos fundamentales que sortear: la financiación y el itinerario de inserción individual. En cuanto al presupuesto, la consejería defiende que no aceptará que se establezca una cantidad fija "sin ningún informe que avale esos límites" como demanda el grupo socialista. Respecto al itinerario de inserción, Hernández Carrón insiste en que se trata de una ley para sacar a la persona de la exclusión económica y social, y por ello sostiene la necesidad de que los usuarios reciban la ayuda a cambio de su participación en programas de formación laboral, voluntariado,... "Se trata de ayudar a que las personas tengan una salida laboral y este itinerario es uno de los pilares en los que se fundamenta la ley. El ciudadano tiene que poner algo de su parte. Ponemos en marcha esta ley para que salgan de la situación de exclusión que se encuentran dándoles el pez pero también queremos darle la caña".

Los trabajadores precisaron ayer que esta es una de las cuestiones que también les preocupa. "Muchas veces en el territorio, especialmente en los pueblos pequeños, no contamos con los recursos suficientes para cumplir los requisitos de la inserción individual, como puede ser asistir a un curso de formación profesional. Si no lo tenemos cerca no lo podemos exigir", lamenta una de los técnicos que atiende los servicios sociales en Miajadas.