Sanciones de hasta 20.000 euros

A finales de junio entrará en vigor la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, que da un año de plazo a los municipios para la retirada de todos los símbolos y objetos que conmemoren la sublevación militar de 1936 y el franquismo. Los ayuntamientos que incumplan podrán quedarse hasta cinco años sin recibir ayudas y subvenciones públicas. Además, exhibir símbolos franquistas acarreará multas de hasta 20.000 euros, aunque las sanciones más graves pueden llegar hasta los 150.000 euros (por ejemplo, edificar sin autorización en un terreno donde se tenga certeza de que hay una fosa común de personas desaparecidas durante la represión).

Todos los objetos que se retiren de los municipios serán trasladados a un lugar de nueva creación, el Instituto de la Memoria Histórica, donde además se pondrá a disposición de los visitantes la información recopilada que durante décadas ha permanecido oculta. La normativa también llegará a los colegios e institutos de la región, puesto que en el artículo 50 se recoge que la Consejería de Educación revisará los textos escolares con el objetivo de que «ofrezcan una información veraz, extensa y rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos en Extremadura durante la Guerra Civil y el franquismo».

La creación de un censo de víctimas y de un mapa de fosas; el derecho a la localización, identificación y sepultura digna de las personas desaparecidas; e indemnizaciones para víctimas de la represión franquista serán otras de las medidas que entrarán en vigor a partir de este verano.

Cabe recordar que la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura se aprobó el pasado mes de diciembre con los votos a favor de PSOE y Podemos; en contra de PP y el portavoz de Vox y la abstención de Cs.