La Consejería de Sanidad y Consumo tramita actualmente seis denuncias por incumplimiento de la normativa que prohíbe fumar en los centros de trabajo y establecimientos públicos, de las que se ha derivado la apertura seis expedientes.

Así lo ha indicado a Efe el director general de Salud Pública, Pedro García Ramos, al cumplirse el primer mes de entrada en vigor de la ley antitabaco, periodo en el que se han presentado las seis denuncias en Cáceres, Mérida y Badajoz.

Todas las denuncias han sido efectuadas por ciudadanos particulares y referidas fundamentalmente a establecimientos como bares o restaurantes, aunque, según García Ramos, entre los denunciados figura una persona que incumplió la normativa en un centro escolar.

Para García Ramos, aunque en el primer mes de funcionamiento sólo se ha presentado este número de denuncias, "no cabe duda de que la ley ha encendido la alerta y los ciudadanos se han animado", un hecho que, entiende, irá a más.

En cuanto a las inspecciones llevadas a cabo en los centros de trabajo anunciada por el consejero, Guillermo Fernández Vara, aunque no las cuantificó, sí señaló que se están llevando a cabo pero dentro del trabajo que habitualmente hacen estos inspectores, como una tarea más.

En este sentido, explicó que en este primer de entrada en vigor se han celebrado reuniones con responsables de otras CCAA y del Ministerio de Sanidad para unificar los criterios de actuación de estos inspectores.

Para ello, se ha elaborado un "argumentario de dudas", plasmado en un documento para que los inspectores puedan ir con más información escrita sobre lo que se les requiere.

En cuanto a los escasos bares o restaurantes que en Extremadura han prohibido, García Ramos señaló que era algo que se esperaba dado que era una posibilidad que establecía la propia normativa. No obstante, se mostró convencido de que en muchos dejan fumar porque todavía se está en el período de ocho meses para adaptar los espacios para los fumadores, y añadió que "el propio mercado se autoregulará" de forma que es previsible que aumente el número de establecimientos que lo prohíban.