El Palacio de Justicia de Mérida acogerá los días 16, 18, 23 y 25 de septiembre el juicio contra Pedro Manuel Salguero Moreno, exgerente del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y ocultación de documentos públicos. El Ministerio Fiscal solicita para Salguero una pena de nueve años de prisión y una multa de 12.000 euros. Cabe señalar que la Fiscalía pedía además cinco años y seis meses de prisión para A.J, auditor externo de la Consejería de Cultura, por un delito de malversación, sin embargo, se ha declarado extinto de su responsabilidad penal por fallecimiento.

En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía sostiene que entre los años 2007 y 2011, siendo Salguero gerente del Consorcio Patronato del Festival, este dispuso ilícitamente de dinero público para el pago de varias facturas a empresas y particulares. Estas se abonaron por servicios que no se prestaron, por unas cuantías de 24.000, 5.000 y 7.000 euros;o que no guardaban relación con la actividad propia del Festival, por un importe de 1.750 euros. También añade que las facturas se realizaron omitiendo la normativa de contratos públicos, como unas de 150.000 y 230.000 euros por servicios de iluminación para el Consorcio, que resultaron impagadas «por falta de fondos».

Por el pago de facturas indebidas, la acusación pública pide para Salguero una condena de cinco años y medio de prisión por un delito continuado de malversación y nueve de inhabilitación por prevaricación. Por otra parte, el Ministerio Fiscal imputa al exgerente del festival un delito de ocultación de documentos públicos, por el que pide tres años y seis meses de prisión. En este caso, está motivado por la presunta ocultación, a la Agencia Tributaria y a la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno regional, de información fiscal y contable referida a los años 2008 a 2011, exigida en el marco de procedimientos de inspección llevados a cabo por estos organismos. En el año 2012, coincidiendo con la dimisión del encausado, el Consorcio presentaba una deuda que alcanzaba los 3.358. 078, 54 euros.

En el momento de abandonar su cargo en octubre de 2011, el exgerente sustrajo de la oficina del Consorcio una torre CPU que contenía toda la documentación contable del Consorcio. El dispositivo fue entregado por el encausado previo requerimiento judicial, en octubre de 2014.